Las protestas de grupos hindúes han conseguido que Alemania, que ocupa actualmente la presidencia de la UE, desista de su intención de penalizar el uso de los símbolos nazis. Berlín también ha dejado en manos del criterio de cada socio comunitario el castigo a imponer a quienes niegan el Holocausto. Hace tres semanas la ministra de Justicia alemana, Brigitte Zypries, compareció ante la prensa en Berlín para anunciar una nueva y ambiciosa meta de la presidencia germana de la Unión Europea: Castigar con penas de cárcel en los 27 Estados comunitarios a los que niegan la existencia del holocausto y también a las personas que utilizan la simbología nazi.


Pero la realidad que impera en varios países miembros y una costumbre ancestral de la religión hindú obligó a la ministra a revisar su ambicioso plan. En un comunicado oficial, Alemania anuncio que daba marcha atrás en su plan de criminalizar la simbología nazi, como la esvástica, y señaló que dejaba en manos de los países miembros, la decisión de castigar o no a los que niegan la existencia del holocausto.


La decisión de no penar el uso de la cruz gamada fue adoptada después de aceptar una masiva protesta de grupos hindúes de toda Europa, que denunciaron el plan alemán como una afrenta a sus costumbres religiosas. Según la protesta, la cruz gamada se usa como símbolo religioso hindú 5.000 años antes de que el partido nazi de Hitler la adoptara como emblema.


Berlín también aceptó otra derrota en su intento de armonizar las leyes vigentes para castigar a las personas que niegan el holocausto y desistió de su plan inicial. En el comunicado, Berlín admite la posibilidad de que cada país aplique medidas punitivas de acuerdo a su propio catálogo penal y les permite un margen de maniobra necesario para mantener sus tradiciones constitucionales.


Otros intentos

La Comisión Europea propuso hace seis años una ley que castigara en toda Europa la xenofobia, pero la propuesta no prosperó cuando varios estados dejaron saber que la medida podría poner en peligro la libertad de expresión. Hace dos años, bajo la presidencia de Luxemburgo, hubo otro intento legal con el objetivo de tener un estándar único para castigar la negación del holocausto que fue congelado por Dinamarca, Italia y Reino Unido. Estos tres países argumentaron que la medida podía violar las libertades civiles e ir en contra de los principios legales de libertad de expresión que alientan el espíritu de la UE.


La presidencia alemana desea ahora revivir el proyecto luxemburgués y anuncio ayer que la lucha contra el racismo y la xenofobia en todo el continente estará en la orden del día de toda su actividad política. Berlín propondrá que se legisle para castigar con penas de uno a tres años de cárcel a las personas que inciten públicamente al odio racial.