Desde hace meses el Gobierno perfila la reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, que piensa llevar a cabo en la presente legislatura. Entre las medidas que defiende figura la de subir la protección pública al colectivo que se encarga del empleo doméstico para «dignificar su actividad».


También aprovechará los cambios para corregir otras disfunciones observadas en este régimen especial, como el alto coste que para el Estado suponen las pensiones de sus afiliados y su carácter «transitorio».

La reforma está comprometida en el último acuerdo de pensiones (mayo 2006). Las variaciones irán vinculadas a la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y serán muy flexibles para abarcar todas las peculiaridades que surjan. Las líneas generales del plan del Gobierno figuran en un documento a presentar en breve a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos CC.?OO. y UGT.

El secretario de Estado de Empleo, Octavio Granado, explicó que los cuidadores profesionales, con conocimientos y demostrada cualificación, amparados por la nueva norma, quedarán afiliados al Régimen General, mientras que la figura de la asistenta doméstica permanecerá en el especial, pero bajo unas reglas modernizadas.

Granado lamentó que ahora la protección para los empleados de hogar sea escasa y resaltó que la regulación del Régimen Especial data de 1985. «Si bien, en su día, la introducción de unas condiciones concretas de trabajo supuso una revolución, ahora se encuentran obsoletas», dijo. En su opinión, es inadmisible que quienes «cuidan a nuestros allegados, mayores o niños, estén a la cola de la protección social» y «sean los trabajadores peor pagados». «Hay que hacer un esfuerzo entre todos», añadió.

A su juicio, una posibilidad de mejora sería que los empleados sin cualificación se integrasen en empresas de servicios domésticos, cooperativas, fundaciones u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. «Desde luego – continuó – la situación más desfavorable para el trabajador es la actual. Es el mantenimiento de esa relación individual». Para evitar que este tipo de contratación se encarezca demasiado, la Administración podría prestar alguna ayuda.


Pensiones


Junto con la mejora de la protección social, el proyecto también encierra afrontar el coste de las pensiones de los empleados domésticos, que son las que más cuestan al sistema. En el régimen especial, más de cinco de cada 10 afiliados no cotizaron lo suficiente para acceder a la prestación mínima y, en consecuencia, necesitan la colaboración económica del Estado, conocida como «complementos de mínimos».


Otro problema a resolver consiste en que se trata de un régimen de «tránsito», utilizado por los inmigrantes para acceder al mercado laboral español. Pasado un período de tiempo, que nunca suele ser largo, estos extranjeros «saltan» a otro régimen donde la protección es más elevada. Granado aseguró que «se está hablando de unas 70.000 personas al año».