La consejera de Inmigración de la Comunidad dice que no se trata de un problema de xenofobia sino de delincuencia. El alcalde de Leganés, Pérez Ráez, del PSOE, acusa al Gobierno de Aguirre de seguir alimentando la tensión La consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, opinó ayer que los disturbios juveniles registrados recientemente en Alcorcón no responden a «un brote racista, a un problema de xenofobia en el municipio, sino básicamente a un problema de orden público y de delincuencia», algo que en gran parte «se soluciona si hay mayor presencia policial en las calles», dijo en declaraciones a Europa Press.

Así, advirtió que en dicha localidad ha habido jóvenes «de todo tipo, inmigrantes y españoles», que «durante varios días y en jornadas consecutivas» han respondido a distintas convocatorias armados en algunos casos «con instrumentos violentos, con puñales, con pistolas, etcétera» y que, por ejemplo, en el caso del sábado, «se dedicaron a agredir a la policía».

Por ello, defendió la necesidad de que la región reciba más efectivos policiales. «La Comunidad de Madrid lleva desde el inicio de la legislatura diciendo que es objetivamente necesaria una mayor presencia policial en las calles. Ha aumentado muchísimo la población, de cinco a seis millones de habitantes, y venimos demandando 3.000 policías y guardias civiles más, que fue además el compromiso del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y no han llegado», aseguró.

La titular de Inmigración del Ejecutivo de Esperanza Aguirre dijo que en el ámbito social «ya se están haciendo cosas». «Nosotros hemos multiplicado por cuatro nuestro aporte, nuestra ayuda, para proyectos sociales en el marco de la juventud, de jóvenes inmigrantes, etcétera, en estos años. Ahí estamos actuando y lo que falta un poco es que a los delincuentes se les combata con la Ley y el Estado de Derecho», concluyó Figar.

Leña al fuego

El alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez (PSOE), atribuyó ayer la alarma social que generaron los altercados de Alcorcón a «un interés de la derecha y de la Comunidad de Madrid», que se «dedicó – según declaró – a seguir alimentando la tensión, a echar leña al fuego y a inventarse informes en lugar de aplacar» los incidentes.

Con ello, el primer edil ratificó las acusaciones del secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, quien el pasado jueves acusó a la cúpula del Ejecutivo autonómico de «alimentar el fuego de los conflictos» en el municipio de la zona sur madrileña. El regidor leganense subrayó que, en la crisis de Alcorcón, hubo «fuentes» que intentaron dar una imagen del sur «xenófobo, racista, violento e inseguro». En este sentido, agregó que – a pesar de matizaciones posteriores – la localidad «ya se ha quedado como ejemplo de deterioro de la convivencia». Por último, Pérez Ráez manifestó que el Gobierno regional tuvo más responsabilidad en los incidentes que el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, ya que – según alegó – «tiene más responsabilidad, recursos y poder».

En este contexto, el concejal de Seguridad Ciudadana de Leganés, Antonio García, acusó a la Comunidad de Madrid de «utilizar de manera frívola e interesada un debate sobre la seguridad para sacar rédito político». El concejal consideró que «la realidad ha demostrado que el fin de semana ha sido como cualquier otro», lo que – a su entender – contribuyó a «constatar que (los altercados) eran unos hechos puntuales», y no enfrentamientos entre bandas o disturbios con motivaciones xenófobas. El edil subrayó que el Plan Local de Seguridad permitió llevar a cabo dispositivos de vigilancia en las zonas de afluencia de jóvenes este fin de semana en la localidad.