Después de una semana de intensas declaraciones y reacciones en contra, desde la Confederación Española de Policía, un sindicato que representa a más 20.000 policías nacionales en activo en todo el país, se aclara que las denuncias realizadas por parte de los representantes políticos de la ciudad a la propuesta elevada al Consejo de Policía, «la máxima institución del Cuerpo Nacional de Policía», carecen de sustento, «porque ninguno de ellos la ha leído». Así lo aseguró el portavoz del CEP, Rodrigo Gavilán, quien subrayó que «todas» las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación por parte de aquellos que se han pronunciado con respecto a la propuesta del sindicato «no se ajustan a la realidad». Recordó Gavilán que el pasado mes de diciembre se publicó en un diario de tirada nacional que en Ceuta se había detectado la presencia de «radicales, yihadistas y salafistas» que eran soldados profesionales de unidades del Ejército de Tierra, «facilitando los planos y fotografías de un polvorín para que un grupo islámico robase explosivos y armamento para desarrollar diferentes actividades terroristas en Ceuta».

«Esto no quiere decir más que lo que nosotros hemos dicho», prosiguió Rodrigo Gavilán, quien destacó que el CEP «no quiere criminalizar a ningún sector ni poner en sospecha a ninguna confesión», sino que «se ha demostrado» que en un ámbito de la Administración pública «se han infiltrado yihadistas, islamistas y salafistas». De este modo, desde la Confederación Española de Policía se manifiesta en ese escrito que, «de ser ciertas esas informaciones», desde el Cuerpo Nacional de Policía «queremos activar todos los mecanismos administrativos oportunos para evitar que esos radicales se puedan infiltrar, como ya ha ocurrido en el Ministerio de Defensa».

Preguntado por el modo en que se podría articular ese mecanismo de control, el portavoz del CEP explicó que, ya que la Comandancia General de Ceuta abrió expedientes de expulsión de 12 soldados profesionales por las informaciones que maneja, y en virtud del principio de solidaridad institucional, «solicitamos que la Comandancia General de Ceuta traslade esos informes al Cuerpo Nacional de Policía para, por si acaso, alguno de esos señores que ya están fichados quisiera ingresar como aspirante a las oposiciones estatales». «Nosotros nos hacemos eco de unas informaciones aparecidas en los medios de comunicación de una operación de la Audiencia Nacional que demuestra que yihadistas y salafistas ya han ingresado en un sector de la Administración pública», matizó Rodrigo Gavilán, y reconoció que «estamos encantados» de que cualquier ciudadano español sin antecedentes penales ingrese en el Cuerpo Nacional de Policía. «Lo que tenemos que evitar es que dentro del Cuerpo Nacional de Policía suceda lo mismo que ya ha ocurrido en el Ministerio de Defensa», determinó.

«Criminalizar» al CEP

Desde la Confederación Española de Policía se sostiene que en Melilla se ha tratado de «criminalizar» a este sindicato, «con el fin de intentar sensibilizar a un sector para ver si así conseguir votos». Así, la propuesta ideada fue tachada en la ciudad de inconstitucional y de dar una imagen distorsionada de la realidad, dos conceptos que «nada tienen que ver» con el objetivo de «prevenir que gente radical entre en el Cuerpo Nacional de Policía».

«Mantenemos y reafirmamos nuestra propuesta al Consejo de Policía» que se podría resumir en «la necesidad de establecer cautelas y cortafuegos al ingreso de agentes radicales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Cualquier propuesta o iniciativa se saca de tono con un interés político», señaló Gavilán y, una vez más, subrayó que no existe discriminación alguna, «y todo lo demás es tergiversar la realidad».