Distrito Federal— Las industrias del crimen suelen pasar al menos por dos etapas antes de consolidarse. Cuando llegan a la tercera, su combate representa altos costos humanos y económicos, y su erradicación se torna prácticamente imposible.

La primera etapa es la de los casos aislados, que puede ser o no de lenta expansión, pero cuya identificación suele darse gradualmente, puesto que en un principio se considera que los hechos aislados, aislados serán siempre.

La segunda etapa se caracteriza por que empiezan a ser frecuentes y por que se advierte que su comisión se torna sistemática. El negocio comienza a superar claramente la prueba de la ecuación costo-riesgo/beneficio.

La tercera es la de la consolidación o la de la generalización.

El delito se expande y se repite hasta no dejar duda: es una nueva industria de la delincuencia.

El secuestro de migrantes irregulares se encuentra en la segunda etapa. Ya no se trata de hechos aislados, sino de casos frecuentes, documentados al menos en cinco estados de la república, como Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.

El negocio ofrece la ventaja de la sencillez: los delincuentes van hasta los lugares donde se sabe se da una alta concentración de migrantes, centroamericanos en su inmensa mayoría, secuestran a varios de ellos, los conducen a casas de seguridad, donde los presionan y los obligan a dar los datos de sus familiares, hasta que la operación desemboca en el pago de la liberación.

El negocio está siendo tan redituable, que se encuentra ya muy cerca de llegar a la tercera etapa: la generalización.

Las autoridades deben actuar de inmediato y con energía y eficacia. Hay que contener, ya, esta nueva vertiente de abuso en contra de los migrantes irregulares en México, cuyos padecimientos representan una larga lista de atrocidades, violación a sus derechos humanos y múltiples expresiones de sufrimiento.

Por el rápido crecimiento de esta reciente industria del crimen, y por la impunidad en que han quedado todos los casos, es válido proponer la hipótesis de que haya autoridades, sobre todo policiacas, involucradas en los secuestros de migrantes.

¿Es sólo omisión en el cumplimiento de su deber, lo que de suyo es grave, o existe colaboración o franca complicidad? ¿Solamente algunos malos elementos se están prestando a este ilícito o hay corporaciones completas coludidas?

La sola pregunta implica un supuesto delicado. Las autoridades tienen una forma de responder a estas preguntas, que pueden ofender a algunos.

La respuesta más creíble, que además es coincidente con la responsabilidad institucional que tienen, es perseguir estos delitos, investigarlos, dar con los responsables e imponer las sanciones procedentes. De no ser así, la duda seguirá vigente.

La actuación del Estado Mexicano no debe dejar lugar a dudas. Su omisión representará el mayor aliento a las bandas delincuenciales, que han hecho de los migrantes un botín, y de los que abusan sabiendo que serán premiados con la impunidad.

La recurrencia de secuestros de migrantes no sólo tiene su raíz en que muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos y que, por lo tanto, es probable que cuenten con recursos para pagar un rescate más alto del que pagarían los familiares que residen en los lugares de origen.

Tampoco su causa se finca en el hecho de que los migrantes, cansados ya de que a cada paso se les exprima lo poco que llevan consigo, han decidido transitar sin dinero y han acordado con su familia que se les vayan enviando recursos conforme avanzan.

Todo ello influye, desde luego, pero el factor más determinante es que al paso de los años se ha confirmado que los migrantes irregulares son de nadie, y que tampoco son del interés de las autoridades del país por el que transitan o al que llegan.

Están en la última fila de su atención, como no sea para detenerlos y regresarlos a su país. Pero en cuanto a su valor intrínseco, en cuanto a sus derechos humanos, en cuanto a protegerlos de los abusos, de la arbitrariedad o de la muerte, en cuanto a todo ello, nada.

México, como todos los países, es responsable de todos los seres humanos que se encuentran en su territorio, sin importar su condición migratoria, su nacionalidad, su color de piel, su religión o su instrucción académica.

Los secuestros de migrantes ponen a prueba la congruencia, la integridad, el compromiso del estado mexicano para con la justicia y los derechos humanos.

Si siguen produciéndose impunemente, quedará claro que los reclamos a Estados Unidos por el maltrato e incluso la muerte de mexicanos en ese país, no es más que una rutina impuesta por la obligación retórica. Y que tanto aquí, como allá, los migrantes no importan.