Una nueva delegación de la Federación de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE) ha comenzado a funcionar desde ayer en Canarias. El vicepresidente de FERINE, el colombiano Esteban Cancelado, afirma que la principal línea de trabajo será facilitar el acceso de los inmigrantes que residen en Canarias a los recursos que el Estado destina para ellos, así como “seguir luchando” por la regularización de la gran masa de indocumentados que aún existe en el país, y para lo que plantean un nuevo proceso de regularización como el de 2005 o que éste sea permanente.

Tras una intensa jornada de reuniones, finalmente ocho organizaciones de inmigrantes con presencia en el Archipiélago han manifestado su deseo de trabajar como delegación en Canarias de FERINE. Las asociaciones de Costa de Marfil, Argentina, Bolivia, Sierra Leona o Mujeres del Mundo, que cuentan entre sus filas a cientos de personas, pero que representan a miles, serán algunas de las que asuman el mando de la delegación, con previsión de más incorporaciones en febrero.

Durante las reuniones se estudió la situación de los inmigrantes en las Islas, cuyos principales problemas derivan de la falta de documentación, una problemática a nivel de Canarias y del Estado para la que se elaborará un documento que se presentará la próxima semana a la opinión pública, que se remitirá al Gobierno canario y a otras instancias estatales.

Según comentó Cancelado, una de las reivindicaciones más recurrentes de los inmigrantes residentes en Canarias es que no pueden acceder a recursos que el Estado reserva para ellos en materia de sensibilización e integración. “Se les dice que acudan a las ONG, pero tenemos derecho a pedir los recursos que dispone el Estado para los inmigrantes”. Pero el principal problema es la falta de documentación.

Los derechos

Cancelado tuvo duras críticas al tratamiento que se les da a los inmigrantes en España, asegurando que “no se respetan para nada los derechos; no se cumple lo de a igual trabajo igual salario; hay trabajadores de primera y segunda clase, hasta 1,5 millones de personas sin papeles como un ejército de reserva, con el miedo metido en el cuerpo, y eso es un grave atentado contra los derechos humanos”, así como que la Ley de Extranjería “se hizo contraviniendo los derechos de los inmigrantes y hace más difícil la búsqueda de una mejor vida”.