Epigmenio González, Qro. La práctica solidaria de brindar alimentos y alojamiento a los indocumentados que arriban a este poblado, en su ruta a Estados Unidos, se ha desvanecido entre los lugareños tras la detención y sentencia por el delito de tráfico de personas a una habitante de esta localidad, mejor conocida como El Ahorcado, del municipio de Pedro Escobedo.

A petición de su par estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio una investigación que quedó asentada en el expediente CNH/170/2007/BG por presuntas violaciones a las garantías individuales por empleo arbitrario de la fuerza pública y detención injusta en agravio de María Concepción Moreno Artega, cometidas por policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El 10 de marzo de 2005 la señora María Concepción fue detenida en su domicilio, junto con seis hondureños que se encontraban afuera de su vivienda, acusada de incurrir en violaciones a la ley general de población al estar presuntamente relacionada con “cuatro presuntos polleros que transportaban a 19 indocumentados”, según refirió entonces un comunicado de la delegación de la Procuraduría General de la República.

En una choza de piso de tierra, Jazmín Moreno y Remedios Uribe, hija y nuera de María Concepción, relataron la forma en que fue detenida, sin que le mostraran una orden de aprehensión. “Llegaron los de la AFI y los metieron para acá y les pegaron a los indocumentados, sacaron armas y todo y a mi mamá también (la detuvieron), nada más porque les iba a dar un taco”, señaló Jazmín Moreno.

Concepción Moreno fue detenida un jueves y la madrugada del domingo siguiente sentenciada a seis años de prisión por el delito de tráfico de personas, por lo que permanece, de acuerdo a sus familiares, injustamente encarcelada en el penal femenil de San José El Alto, en el municipio de Querétaro.

Sus familiares recolectaron firmas para avalar una misiva que dirigieron a las autoridades de justicia, en la que especifican que María Concepción no se dedica al tráfico de personas y para argumentar que regalar alimentos y ropa a indocumentados que pasaban por la comunidad era una práctica común de sus habitantes.

Los lugareños de El Ahorcado juntaron 10 mil pesos para pagar a un abogado que se encargaría de la defensa y libertad de la sentenciada, situación que no ocurrió y ahora están a la espera que le asignen un defensor de oficio, “porque no tenemos” dinero, señaló Jazmín Moreno.

Todos ayudan

Los familiares de María Concepción se encuentran sorprendidos de que haya sido acusada por el delito de tráfico de personas, cuando la mayoría de los habitantes de esta comunidad, cuyas calles no están pavimentadas, ayudan a los indocumentados, quienes descienden de los ferrocarriles a escasos 500 metros de ahí.

“Ella nada más les daba un taco a los centroamericanos y había veces que les regalaba ropa porque mucha, bueno toda la gente de aquí del rancho, es la que les ayuda, pero nada más por eso, y no es cierto que ella (María Concepción) traficaba con centroamericanos”, expresó Remedios Uribe, nuera de la acusada.

“Era toda la gente. Todo mundo les daba un taco o agua, como están cerquita las vías bajan aquí y ya vienen, entonces no era nada más mi mamá”, retoma el diálogo Jazmín Moreno.

Otra señora, quien omitió su nombre, señaló que también daban alojamiento, sin costo alguno, a muchas personas que se bajaban del tren, pues algunos indocumentados, en su mayoría procedentes de Centroamérica, buscaban trabajo en fábricas o ranchos cercanos a El Ahorcado para obtener recursos y continuar su camino a Estados Unidos.

El alojamiento de indocumentados era una forma de buscar que ese favor se regrese a familiares o conocidos que también han emigrado al vecino país del norte, comentó.

El delito de regalar un vaso de agua

La detención de María Concepción, quien padece diabetes, ha provocado que la mayoría
de los habitantes de El Ahorcado nieguen ahora el apoyo a indocumentados, cuyo paso
por este lugar ha disminuido.

“No, ya no (pasan), ya casi nadie les ayuda tampoco, por eso no pasan por aquí. En el principio, cuando se la llevaron a ella (María Concepción), pos sí pasaban, pero nosotros les decíamos que no los podíamos ayudar ni regalar un taco porque ahora sí, para ellos (la autoridad) es un delito que hasta para regalar un vaso de agua, por eso ya nosotros no regalamos ni un vaso de agua”, afirmó Remedios Uribe.

“¿A poco usted cree que si ella (María Concepción) fuera de esos (traficantes de personas) ella va a vivir ahí?”, dice y señala la choza que habitan. Junto a la vivienda hay otras tres casitas construidas de pedazos de cartón, lámina y madera y no cuentan con los servicios básicos de drenaje y agua potable.

No es delito alojar migrantes o regalarles alimentos: constitucionalista

Héctor Parra Rodríguez, abogado y analista constitucional, señala que la ley general de población no tipifica como delito el alojar o regalar alimentos y ropa a indocumentados, únicamente el artículo 138 de este ordenamiento señala como infracción el tráfico de personas, es decir, que una persona cobre dinero a los extranjeros indocumentados por trasladarlos a algún lugar.

Pero para detener a una persona por este delito tiene que existir una querella de la Secretaría de Gobernación ante una agencia del Ministerio Público federal, por lo que ninguna dependencia puede detener por oficio o por una denuncia de un particular, ni mucho menos sentenciar a algún infractor del ordenamiento, señaló el ex director de asuntos jurídicos de la Legislatura local.