El Defensor del Pueblo ha recomendado que se establezca la obligatoriedad de que los menores extranjeros no acompañados sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación antes de dictarse la resolución procedente, y a realizar un análisis pormenorizado de cada caso.

La recomendación ha sido remitida a la directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Marta Rodríguez-Tarduchy, y en ella se pide un protocolo de actuación que recoja la obligación de notificar formalmente las resoluciones que se dicten sobre estos menores, “muy especialmente las resoluciones de repatriación”.

Además solicita que la autoridad competente tenga la obligación de escuchar al menor extranjero para decidir sobre el retorno a su país de origen.

La Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, explicó que su institución "no se cansa de insistir ante los organismos competentes sobre la necesidad de realizar una análisis pormenorizado de las características del menor antes de adoptar la decisión de repatriarlo a sus países de origen.