El contrato tiene un precio. Hasta 3.600 euros llegaban a pagar los inmigrantes a cambio de una oferta de trabajo que les permitiese legalizar su situación en España. Cerca de 200 extranjeros cayeron, conscientemente o no, en las mallas de una red que les ofrecía contratos fantasma en empresas en las que nunca llegaban a trabajar, según confirmaron a SUR fuentes policiales.

El Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Málaga ha desarticulado la organización que intentó legalizar a esos 200 extranjeros de forma presuntamente fraudulenta. En la ‘operación Poeta’, como ha sido bautizada por la policía, han sido detenidas 43 personas, entre ellas el dueño de una gestoría de Torremolinos y presunto cerebro de la trama. Se trata del mayor golpe policial a este tipo de redes desarrollado en 2006.

Entramado empresarial

La investigación comenzó en septiembre del año pasado. Las detenciones se han ido sucediendo hasta este mes, en el que se produjeron las últimas. Y aún sigue abierta, aunque el núcleo principal de la trama ya se da por desmantelado. La Policía acusa al gestor arrestado de crear un entramado de empresas sin actividad – o sin capacidad suficiente para absorber semejante cantidad de trabajadores – para dar cobertura a las solicitudes presentadas por los extranjeros.

De las 21 sociedades vinculadas al detenido, seis eran utilizadas para ofertar trabajo a inmigrantes, pese a que apenas tenían actividad, según las fuentes. Para ello, empleó entidades de asesoría en riesgos laborales – integrada completamente por extranjeros de origen marroquí – , telecomunicaciones, inmobiliarias, informática, instalación de aparatos de aire acondicionado…

Con ese escaparate empresarial, el supuesto cerebro de la trama habría utilizado a una decena de intermediarios extranjeros – marroquíes, argentinos, rumanos y nigerianos – para presuntamente captar clientes. Estos intermediarios se movían en el ambiente de los inmigrantes de su misma nacionalidad, por lo que les resultaba fácil encontrar nuevas víctimas.

El negocio

El precio inicial que pagaban los extranjeros por el contrato era de 1.200 euros, según la abundante documentación hallada por la policía. Al parecer, una vez obtenido el permiso de trabajo, algunos inmigrantes seguían pagando 400 euros mensuales durante el primer semestre por el alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, ese dinero no siempre iba a parar a las arcas del Estado. Los investigadores han detectado que el empleador a veces no pagaba esas cuotas, generando una deuda en la Seguridad Social. Y cuando lo hacía, la cantidad satisfecha era inferior a 400 euros, de lo que se desprende que el resto era para él, según la policía.

En la Ucrif estiman que más de una treintena de inmigrantes habrían pagado 3.600 euros a la red – 1.200 por la oferta de trabajo y 2.400 por las cuotas – y el resto, unos 150, habrían abonado 1.200 por el falso contrato, puesto que sus solicitudes aún están en trámite en la Subdelegación.

Empleo inexistente

Entre los detenidos en la ‘operación Poeta’ figuran algunos de los extranjeros que pagaron 3.600 euros, ya que la policía entiende que, si abonaron las cuotas de la Seguridad Social para un empleo que no existía, debían ser conscientes de la presunta falsedad en la que se estaban viendo implicados. Fuentes policiales señalaron que, si se les llega a condenar, podrían conmutar la pena de prisión por la expulsión del país.

De hecho, el presunto director de la red intentaba justificar la actividad de las empresas mediante las altas en la Seguridad Social y nóminas de los trabajadores que éstos, en muchos casos, ni siquiera llegaban a firmar, según las fuentes. En uno de los registros, la policía encontró los albaranes de cobro de la Seguridad Social a los extranjeros detenidos.

Falsedad y estafa

La Policía imputa a la red los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y estafa. Este último delito viene derivado de que los inmigrantes, una vez descubiertos por la policía, se escudan en que han sido engañados, aunque los investigadores sospechan que lo que hacen realmente es comprar el contrato.

Los agentes de la Ucrif apuntan que los principales clientes de esta red han sido argentinos, marroquíes, rumanos, nigerianos y uruguayos, coincidiendo prácticamente con las nacionalidades de los intermediarios presuntamente utilizados por el supuesto cerebro de la trama, que servían de ganchos para llevar clientela a la gestoría, ubicada en Torremolinos.

Respecto a las cantidades pagadas por los inmigrantes, la Policía considera que los sudamericanos y algún rumano eran los que abonaron las cuotas más altas. Para ello, aseguran los investigadores, han tenido que gastar los ahorros de una vida o endeudarse en sus países de origen. Ahora, pueden enfrentarse a un crudo regreso.