El Defensor del Pueblo ha recomendado que se establezca la obligatoriedad de que los menores extranjeros no acompañados sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación antes de dictarse la resolución procedente, y que se realice un análisis pormenorizado de cada caso.


La recomendación ha sido remitida a la directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Marta Rodríguez – Tarduchy, y en ella se pide un protocolo de actuación que recoja la obligación de notificar formalmente las resoluciones que se dicten sobre estos menores, «muy especialmente las resoluciones de repatriación».


Además, solicita que la autoridad competente tenga la obligación de escuchar al menor extranjero para decidir sobre el retorno a su país de origen.


En una nota, la adjunta primera del defensor del pueblo, María Luisa Cava de Llano, explica que su institución «no se cansa de insistir ante los organismos competentes sobre la necesidad de realizar un análisis pormenorizado de las características del menor antes de adoptar la decisión de repatriarlo».


«La postura del Defensor del Pueblo es que, a priori, donde mejor está un menor es con sus padres – continúa la nota – , pero eso hay que determinarlo después de conocer las circunstancias de ese menor y de establecer el porqué de su salida del país, poniendo en riesgo su vida como polizón, en pateras y cayucos o en los bajos de un camión».