El 14 de diciembre del año 2005, de lamentable recordación para la jurisprudencia dominicana, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia totalmente alejada del Derecho, en la que admite el apego a la norma constitucional de la Ley de Migración, que había sido impugnada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, por contener elementos discriminatorios, entre ellos, la creación de un registro diferenciado de nacimiento de los niños y las niñas de ascendencia haitiana nacidos/as en territorio dominicano.

De su lado, el pasado día viernes 12 de enero, el pleno de la Junta Central Electoral aprueba una resolución en la que refrenda el apoyo que el Supremo tribunal le dio a la discriminación. Para decirlo de otro modo, es el sello jurídico a la discriminación instalada desde hace muchos años en la sociedad dominicana.

Es necesario que admitamos como sociedad que los niños y las niñas nacidos/as de inmigrantes instalados en este territorio, son dominicanos/as en virtud de la norma constitucional en su artículo 11. Para el SJRM no es admisible que se les regatee a los niños y niñas, mediante recursos discriminatorios, el derecho que tienen a poseer una nacionalidad.

Siempre hemos dicho que toda discriminación es absurda y no se le debe dar cabida. Pero debemos ser aún más enfáticos en cuanto se trata de hechos discriminatorios contra colectivos, a los cuales todo el conjunto social tiene la obligación ética de proteger, la niñez.

La preocupación del Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes aumenta al saber que son las mismas instituciones del Estado que incurren en tales prácticas discriminatorias, cuando se supone que está obligado a prohibir y sancionar toda acción discriminatoria. Es por eso que decimos que hay un lamentable avance en la discriminación en nuestro país.

Desde nuestra posición de acompañamiento a colectivos de migrantes desde hace décadas, exigimos que la medida del registro de nacimiento diferenciado de niños y niñas de ascendencia haitiana, así como otras que profundicen la discriminación existente en contra de niños y niñas dominicanos/as y sus padres, independientemente de su origen nacional, sean declaradas nulas porque atentan contra la posibilidad de construir una sociedad plural, capaz de convivir con elementos culturales complejos y diversos.