Adriana Saiani es brasileña y nieta de italianos. Vive en Portugal desde hace cuatro años, pero no ha conseguido regularizar su situación. Entró en el país con un visado de turista junto con sus tres hijos. Solicitó una autorización de residencia como tutora de su hijo pequeño, menor de edad, pero le fue denegada alegando que no podía serlo porque no tenía un sueldo. “¿Cómo voy a tenerlo si nadie me hace un contrato de trabajo?”, pregunta Adriana, de 56 años, dentista que no puede ejercer. Sobrevive con 400 euros al mes trabajando para la empresa de su hermano, una “caridad”, como ella la llama. Su hogar es un cuarto alquilado por 160 euros.
Sueña con marcharse a Italia con uno de sus hijos y pedir allí la nacionalidad, por el origen de su abuelo. “Pero no tengo dinero para iniciar los procesos”, explica. Mientras, prepara la candidatura para las elecciones a la dirección de la Casa de Brasil en Lisboa.
Según el Instituto Nacional de Estadística, a finales del 2005 vivían en Portugal 275.000 inmigrantes con autorización de residencia. La comunidad brasileña es una de las más importantes, junto a la ucraniana y a la caboverdiana. La situación de Adriana es un ejemplo de lo que les pasa a miles de extranjeros que llegan en busca de una vida mejor. “A los brasileños en general les gusta regularizarse, pero el proceso es demasiado burocrático”, comenta Heliana Bibas, presidenta de la Asamblea General de la Casa de Brasil. El ministro de Administración Interna, António Costa, calcula que hay más de 100.000 brasileños en situación irregular.

Simplificación burocrática
El pasado mes de diciembre, el Parlamento portugués aprobó la nueva ley de inmigración, con los votos favorables de socialistas y conservadores. Su objetivo es ordenar el proceso de entrada y regularización de ciudadanos extranjeros no comunitarios. Aunque todavía no se aplica, Francisco Alves, director nacional adjunto del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), la define como una ley “más humanista y práctica”. Las dos grandes innovaciones, desde la perspectiva de Alves, serán la eliminación de los diferentes visados, sustituidos por un único modelo para todos los extranjeros, y la reducción a un único tipo de residencia.
Aunque la nueva ley todavía no está en práctica, Alves espera que se produzca “una mejora notable en la comunicación entre el ciudadano extranjero y el SEF”, uno de los aspectos en los que más ha invertido este organismo en los últimos años. Aún así, admite que todavía está “a la expectativa” de saber cómo se va a aplicar la nueva ley.
Uno de los cambios supondrá que los inmigrantes puedan obtener el permiso de residencia a partir de los consulados de sus países, siempre que tengan una promesa de empleo o estén interesados en las oportunidades de trabajo existentes en el mercado. Para que puedan acceder a ellas se creará lo que se ha denominado Contingente Global de Oportunidades, un nombre largo que todavía carece de aplicaciones prácticas. “¿Cómo una persona que está a miles de kilómetros va a lograr un contrato de trabajo en Portugal?”, se pregunta Heliana, que opina que los empresarios “no dan un empleo a nadie sin conocerle primero”. Por eso, ella entiende que muchos inmigrantes vengan con visados temporales y una vez en Portugal busquen trabajo.

Círculo vicioso
Pero sin un permiso de residencia no pueden conseguir un contrato. Y sin un contrato no pueden conseguir un permiso de residencia. “Algunas empresas no pagan la Seguridad Social de sus empleados extranjeros y chantajean al trabajador porque necesita el sueldo para sobrevivir”, denuncia Heliana.
Con la nueva ley de inmigración, el Gobierno pretende combatir el tráfico de seres humanos y los abusos que sufren los inmigrantes irregulares. Por eso, los que denuncien ser víctimas de estas prácticas “podrán obtener la autorización de residencia aunque no tengan el visado”. Pero no es fácil. “Los procesos son muy largos, implican ir a los juzgados y, mientras tanto, el trabajador necesita seguir ganando dinero para vivir”, dice Heliana.
Ante estas dificultades, muchos extranjeros optan por aceptar precarias condiciones laborales sin denunciar nada. El SEF insiste en que cada día fiscaliza a las empresas y pone multas cuando detecta irregularidades. Pero los inmigrantes clandestinos siguen existiendo y Portugal tendrá que afrontar el problema no solo a nivel nacional, sino europeo, cuando asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre de este año.