La incorporación del delito de trata de personas será una de las reformas a la Ley de Migración y Extranjería que el Gobierno costarricense presentará al congreso, anunció hoy el titular de esa rama, Mario Zamora.

Según el ministro, el proyecto de enmiendas también incluye elevar las sanciones establecidas para el delito del tráfico de personas, conocido como coyotaje, y que sí contempla la legislación actual.

Con la nueva normativa la sanción máxima alcanzaría hasta los 12 años de prisión, en caso de que existan agravantes, como poner en peligro la vida de las personas. Actualmente ese delito se castiga con dos y hasta seis años.

La propuesta busca también mejorar los sistemas de control migratorio, promover la solidaridad migratoria y la simplificación de trámites, afirmó Zamora.

El proyecto promueve el pago de un impuesto por parte del inmigrante a la Caja del Seguro Social, equivalente al seguro por cuenta propia que sería de unos 16 dólares.

La iniciativa, aseguró Zamora, permitirá impulsar la integración de los foráneos a la sociedad costarricense.

Incorpora además, de acuerdo con el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, el fortalecimiento de las capacidades operativas y de investigación de la Policía de Migración.

El dirigente agregó que lo recaudado será dirigido al sector social, sobre todo a salud y educación los servicios más requeridos por los extranjeros que se radican en Costa Rica, aseguró Zamora.

Se estima que en el país centroamericano vive cerca de un millón de extranjeros, de ellos unos 300 mil de forma ilegal.

Datos oficiales estiman que la mayor cantidad de inmigrantes unos 200 mil proceden de Nicaragua, pero estudios independientes afirman que la cifra puede llegar a las 600 mil personas, una gran parte de ellos de forma ilegal.

El año pasado cinco mil 683 ciudadanos de ese país fueron devueltos por la policía costarricense, número superior a los tres mil 34 casos registrados en el 2005.

Los nicaragüenses que llegan al país, generalmente en busca de empleo, ocupan los puestos menos remunerados, y según diversas fuentes, sus salarios son menores que de los nacionales, aún en el mismo tipo de trabajo.

Por otra parte, el director de Migración detalló que la Ley será una herramienta vital ante la corrupción relacionada con ese fenómeno.

A principios de este año, estalló un escándalo de corrupción esta en la Dirección General de Migración y Extranjería.

Autoridades judiciales, de seguridad y de migración revelaron la existencia de una red delictiva dedicada al tráfico de personas y a la obtención ilegal de pasaportes para facilitar esa actividad.