El fiscal pide 25 años de cárcel por la muerte de un inmigrante en una obra
EFE – Granada – 25/01/2007
 
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La Fiscalía de Granada ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, un total de 25 años de prisión para seis personas imputadas por un accidente laboral, ocurrido en Maracena (Granada), en el que murió un obrero boliviano que no tenía permiso de trabajo ni de residencia.
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Según la calificación del Ministerio Público, los responsables del trabajo, consistente en la construcción de un hueco para la instalación de un ascensor, no efectuaron “labor alguna de control” del mismo, ni adoptaron las “medidas necesarias” para garantizar la seguridad de los obreros.

El fiscal pide para cada uno de los socios de la empresa Robles y Santiago, SL, Miguel R.L. y Miguel Ángel S.M., siete años de prisión y multas de 10.800 euros por los presuntos delitos de homicidio imprudente, riesgo y contra los derechos de los trabajadores.

También acusa a Carmelo R.L. y Luis A.P.M., encargado y arquitecto técnico de la obra, respectivamente, de los delitos de homicidio y riesgo, por lo que pide cuatro años de prisión para cada uno y multas de 12.000 euros.

Encubrimiento

El Ministerio Fiscal también imputa a Encarnación D.L.H.G. y Jesús M.M. un delito de encubrimiento, por lo que solicita un año y seis meses para cada uno, ya que tras el accidente se personaron en la obra con la finalidad de impedir la obtención de pruebas.

Los hechos tuvieron lugar, según el escrito de acusación, el pasado 14 de febrero de 2005 cuando el ciudadano boliviano Carlos Óscar R.G., de 20 años, se encontraba trabajando en una obra de Maracena.

Sobre las 17.30, el trabajador cayó, según el fiscal, porque el andamio colocado para la instalación de un ascensor carecía de plataformas intermedias y de escaleras de acceso seguro, el acceso a éste se hacía a través unas escaleras mecánicas de mano y la sujeción se efectuaba mediante una “rudimentaria” cuerda de cáñamo y anclaje de “escasa fortaleza”.

El fiscal precisa que el trabajador carecía de cinturón de seguridad y que se precipitó al vacío desde una altura de ocho metros ante la inadecuación de la plataforma de trabajo para la carga y acopio de materiales, por lo que se produjo un “efecto palanca” que motivó la caída que le produjo la muerte.

El escrito del Ministerio Público explicita que el fallecido, junto a otros obreros que se encontraban de manera “ilegal” en territorio español, había realizado trabajos en la construcción en Motril, Salobreña y Granada, sin permiso de trabajo.

Estos desempeñaban trabajos desde las 7.00 sin horario fijo y cobraban 35 euros por jornada, con horas extras, sin formación adecuada y sin respetar descansos, vacaciones o contratos verbales, según el fiscal.