La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el aumento en el número y agravamiento de los casos de violencia contra migrantes en la frontera con Estados Unidos, y la utilización de armas letales, algunas de ellas abastecidas con balas expansivas.

El organismo citó los casos del mexicano Francisco Javier Domínguez Rivera, asesinado por un agente fronterizo el pasado 12 de enero, y las agresiones con arma de fuego contra Marcos Saúl Torres Quintanilla y Jaime Quintanilla Tapia, lesionados el 10 de enero por rancheros de Texas.

En un comunicado, la CNDH reconoció el derecho de cada país a establecer su política migratoria y las medidas correspondientes, pero sostuvo que éste tiene como límite el respeto a los derechos humanos de los migrantes irregulares, especialmente su derecho a la vida, de acuerdo con las normas internacionales.

Cualquier signo de desatención o indiferencia oficial hacia esta situación, tanto en Estados Unidos como en México, puede propiciar la impunidad de particulares, de organizaciones antiinmigrantes y de agentes de autoridad que agreden con actos de violencia criminal a los migrantes, alertó,

Al respecto, citó también el caso del migrante mexicano Guillermo Martínez Rodríguez, quien murió en diciembre de 2005, luego de que agentes migratorios de Estados Unidos le dispararon balas expansivas en California.

“Este caso sigue sin esclarecerse. Este organismo ha pedido al gobierno mexicano buscar que se determinen y conozcan las investigaciones realizadas por autoridades del gobierno estadounidense”.

El organismo destacó la urgencia de que dejen de habilitarse como agentes de la Patrulla Fronteriza a personas sin la capacitación adecuada, la cual debe incluir una sensibilización acerca del perfil de los migrantes, así como respecto del uso de la armas.

La comisión recordó que, además de enfrentar otras condiciones muy adversas como son el clima extremo y los riesgos de internarse en puntos cada vez más peligrosos, se han documentado casos de agresiones deliberadamente letales en contra de quienes se internan en territorio estadounidense en busca de mejorar sus condiciones de vida.