El proyecto de Ley Habilitante aprobado en primera discusión la semana pasada prevé en el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica, establecer procedimientos eficaces, eficientes, transparentes y tecnológicamente aptos y seguros para la identificación ciudadana y el control migratorio.

Ante ese enunciado, surge la interrogante acerca del propósito de incluir la elaboración de una normativa que regule el control migratorio.

Existe en el país la Ley de Extranjería y Migración, vigente desde 2004, y que regula todo lo concerniente a los movimientos de entrada y salida de ciudadanos y desde nuestro país.

Lubin Labrador, abogado especializado en Derecho Administrativo y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, expresa que aunque no está nada claro, “yo creo que a través de la Ley Habilitante lo que se estaría intentando sería un mayor control de la migración desde el punto de vista de quién sale, cómo sale y quién entra y cómo entra”, y no una restricción para emigrar o viajar al exterior.

“Sobre el control migratorio de salida, creo que es el que más preocupa a la gente, pues hay que ceñirse a lo que dice la Constitución, porque es una garantía”.

Para el profesional del derecho, “el control migratorio no sería sólo de entrada sino también de salida, el Estado tendría que tener sobre ese particular un control total y amplio, a pesar de que nuestras fronteras son tan amplias y hay un control de muy baja calidad”.

Las fronteras de Venezuela son difíciles de vigilar por su gran extensión y vegetación, sin contar que son utilizadas por el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo colombianos para realizar sus fechorías.

Lo planteado en el proyecto de Ley Habilitante también pudiera causar suspicacias, pues fue a través de la cedulación de extranjeros que el gobierno logró engrosar la lista de inscritos en el Registro Electoral Permanente en las últimas elecciones, hecho reconocido por el presidente de la República, Hugo Chávez.

“No puede haber una norma que se cree a través de una ley Habilitante que vaya en contra del postulado constitucional”, sentencia Labrador. En esos casos, si van a limitar ese derecho tiene que convocar una constituyente porque ahí se está cambiando la estructura fundamental de una garantía”, advierte.