N. Platón
Madrid – Analizar la violencia de las bandas juveniles fue el objetivo del
alcalde socialista de Alcorcón, Enrique Cascallana, en diciembre de 2005.
Entonces, solicitó un informe para conocer la situación de las pandillas
que se encontraban en las calles de su ciudad. El resultado de aquel
estudio no ha trascendido, a pesar del tiempo que ha transcurridos desde
su elaboración. Según señaló el portavoz del Partido Popular de Alcorcón,
Fernando Díaz, «el contenido del informe se ha pedido en varias ocasiones
y, hasta ahora, no conocemos cuál es el resultado».
Es
más, en octubre de 2006, en una comisión del Ayuntamiento, el PP preguntó
«por el estudio sobre bandas juveniles que se ha realizado enla Concejalía
de Juventud» y quería saber «si el mismo será remitido a esta Comisión».
La respuesta fue que «el estudio está a disposición en la Concejalía y
será trasladado al Observatorio de la Juventud para que sea analizado por
otros agentes», según consta en el acta de la comisión informativa a la
que ha tenido acceso este periódico. Desde el PP denunciaban ayer que «no
lo llevaron a la comisión informativa como es su obligación».
El polvorín que se desató el fin de semana en la localidad madrileña era
algo que se veía venir para algunos políticos y sólo un hecho aislado y
puntual para otros. «Llevamos anunciándolo desde octubre de 2005: robos en
establecimientos, robos en la calle, a mayores en los cajeros, incluso a
estudiantes por parte de bandas latinas y se nos ha negado la evidencia»,
denunciaba Díaz. Como prueba, las actas del Consejo Regional de Seguridad,
donde su gupo ha reclamado una y otra vez esta situación.
«Nos
han acusado de querer alarmar a la población, incluso que era nuestra
única baza electoral», reclama. Según su opinión, los sucesos del fin de
semana pasado es una reacción popular, al hilo de lo sucedido en
Villaconejos el pasado 31 de diciembre.
Con miedo a salir
«Los jóvenes están hartos de que les roben, de tener que pagar por jugar o
que cobren a los mayores por sentarse en un banco», asegura, y añade que
los vecinos sólo desean tranquilidad y «no tener miedo a salir». Sin
embargo, Díaz reitera una y otra vez que la reyerta del domingo no fue un
«brote de racismo», y que los jóvenes de Alcorcón se han destacado por su
respeto y convivencia.
El candidato popular exige más medios
policiales para luchar contra estos grupos de delincuencia; exactamente lo
mismo que reclama el consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de
Madrid, Alfredo Prada. «Es un problema de respuesta inadecuada, de falta
de previsión y de medios policiales insuficientes por parte de la
Delegación del Gobierno», señaló Prada, quién destacó en concreto la falta
de previsión cuando se acumulan las denuncias de los vecinos por el
«peaje» para el uso de sus instalaciones de ocio.
El
consejero recordó la petición constante del Gobierno regional desde hace
tres años, para que se destinen 3.000 Policías Nacionales y Guardias
Civiles a la Comunidad de Madrid, dedicados en exclusiva a labores de
seguridad.
Por contra, en el Ayuntamiento de Alcorcón y la
Delegación del Gobierno en Madrid, niegan que existiese un clima de
crispación previo a los incidentes y achacan las reyertas a «un problema
complejo de convivencia». Para el alcalde, Enrique Cascallana, la
información que se ha dado sobre la reyerta ocurrida el viernes por la
noche y las concentraciones de jóvenes de ayer «no se corresponden con la
realidad». «Son hechos graves, pero se han magnificado», indicó el
alcalde, e incluso se atrevió a señalar que «en Madrid, cualquier noche
ocurren sucesos como lo que ha pasado aquí».
Por su parte,
la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, reconoció que «no habían
detectado el problema», pero achacó la falta de previsión a la casualidad.
«Estas situaciones surgen en el marco de la convivencia», declaró. Además,
la delegada descartó la actuación de bandas latinas o grupos xenófobos
puesto que «no hay bandas latinas desde hace meses», ni se ha detectado
ninguna organización racista en la concentración del domingo.
Mestre aseguró que se está trabajando con la Policía Municipal, el
Gobierno regional y la Oficina del Defensor del Menor.