La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, aseguró ayer que no tiene constancia de que en Alcorcón exista ningún tipo de banda violenta latina, aunque también reconoció que no sabe la causa de los enfrentamientos que protagonizaron jóvenes latinos y españoles durante el pasado fin de semana. «Estamos hablando —manifestó Mestre— de episodios entre jóvenes que no sabemos a qué se han debido. Se habla del uso de las canchas deportivas, de un conflicto entre parejas, pero no lo sabemos con certeza».


La representante del Gobierno central enumeró las medidas que ha tomado para evitar que los conflictos continúen: «Mantendremos la presencia policial de forma importante y visible. El comisario se va a dirigir a los directores de los institutos y colegios públicos para detectar el mínimo brote de violencia. Además, he hablado con el alcalde para que se implementen las normas de integración educativas que tiene el ayuntamiento en marcha, y voy a hablar con la Comunidad de Madrid en el mismo sentido. Todo para generar un clima de convivencia».


Pero no parece que vaya a ser fácil conseguirlo, pues los jóvenes alcorconeros ya estaban pasándose ayer mensajes por móvil con ánimo de continuar los enfrentamientos. «Alcorcón unido contra los Latin King. Es nuestro barrio. Quedada el 27 de enero en las canchas del Coura. No nos achantarán. Pásalo. Esto es la guerra». Así rezaba uno de los menajes enviados para organizar una nueva pelea. Todo ello llevó a la delegada del Gobierno a afirmar que el asunto provoca «enorme preocupación en el Gobierno», porque puede generar «un brote de xenofobia que no existe en absoluto en Alcorcón», que es un «municipio tranquilo», donde no ha habido «problemas de convivencia hasta ahora».


Eso sí, los culpables últimos de los disturbios variaban según quién los explicara. Mientras que el alcalde, el socialista Enrique Cascallana, acusó a una «minoría que forma parte de grupos antisistema» de ser la que lanzó objetos a los antidisturbios y provocó daños en el mobiliario urbano y tiendas, el director de Seguridad del ayuntamiento acusaba a grupos de ultraderecha. Aunque el consejero de Interior, Alfredo Prada (PP), traspasaba la responsabilidad sobre el Gobierno central, «por no reforzar la seguridad con más policías»