Los gobiernos de España y Malí sellan hoy en Madrid un acuerdo de cooperación sobre control de flujos migratorios que obligará al país africano a readmitir a sus ciudadanos cuando sean expulsados de España por vulnerar la legislación de extranjería y residencia. Malí, segundo país africano emisor de inmigrantes ilegales hacia España, será el tercero en sellar un compromiso de este tipo – Guinea Conakry y Gambia lo hicieron en octubre del 2006 – , que combina repatriaciones y ayudas al desarrollo.


El Gobierno denomina a estos instrumentos convenios de segunda generación, pues no se limitan a dar carta jurídica a la devolución de sin papeles. También comprometen a España a ayudar a los países signatarios a controlar sus fronteras mediante el envío de policías y técnicos; a sufragar con fondos de cooperación su consolidación democrática e institucional, y a establecer mecanismos que faciliten el flujo legal de mano de obra contratada en origen, según las necesidades del mercado laboral español.


Malí es un importante país de tránsito de personas, fronterizo con otros siete estados – Mauritania, Argelia, Níger, Senegal, Guinea, Burkina Faso y Costa de Marfil – y su territorio está atravesado por las principales rutas de la inmigración ilegal.


Fuentes del Gobierno cifran en 11.000 los malienses que viven en España de forma legal, lo que sitúa a esa comunidad en el cuarto puesto en la lista de residentes extranjeros. Desde el pasado mes de agosto, unas 600 personas han sido devueltas a Malí «sin problemas». El acuerdo se firmará en el marco de la visita a España que realiza el presidente maliense, Amadou Toumani Touré.


La relación con Malí se intensificó en los dos últimos años, a raíz de la llegada masiva de sus nacionales a bordo de cayucos. En agosto del 2006 España abrió una embajada en Bamako.


Por otra parte, numerosos inmigrantes del grupo de 448 que fueron repatriados el domingo a Senegal están abandonados a su suerte en un país que no es el suyo. Entre ellos se encuentran, precisamente, 33 malienses, que ayer se quejaban del trato recibido. «Sabían que no somos senegaleses porque nosotros no hablamos ninguna lengua de ese país. Lo hicieron por cobardía», acusó Isiaka Diarra. Un compañero suyo, Adama Camara, de Costa de Marfil, parecía perdido. Tenía sólo 10.000 francos CFA (15 euros) entregados como ayuda por las autoridades senegalesas a cada uno de los sin papeles, que llegaron a bordo de seis vuelos. Desesperados, los ilegales se dirigieron a unos minibuses estacionados cerca del aeropuerto y pagaron 3.500 francos CFA cada uno (5 euros) para ir a Dakar, donde están las embajadas de sus países.