Las reyertas que han enfrentado a jóvenes nativos y latinoamericanos en las calles de Alcorcón – una ciudad del extrarradio de Madrid en la que residen 163.000 personas – han convertido en violencia los conflictos latentes bajo un modelo de convivencia cada vez más mestizo. Los graves altercados han sido interpretados como una reacción con tintes xenófobos de la juventud local frente a las agresiones de pandilleros supuestamente vinculados a bandas latinas, aunque la confusión sobre el origen de las refriegas aconsejan mantener la máxima prudencia, evitando imputaciones interesadas y todo aprovechamiento partidista de tan deplorables hechos. Resulta comprensible que las autoridades apelen a la calma, pero no lo es tanto que hayan tratado de minimizar la alarma social y, menos aún, que eludan la imperiosa tarea de esclarecer las causas de un brote de violencia que ha obligado a movilizar a agentes antiterroristas. Pese a que no quepa concluir que se ha producido un estallido xenófobo, el cariz de los enfrentamientos y sobre todo su posterior eco sí dejan entrever un inquietante rechazo al diferente y una convicción, extendida peligrosamente, que vincula inmigración con delincuencia. La mitad de los jóvenes encuestados para un informe del CIS de 2004 observaba más inconvenientes que ventajas en la creciente llegada de extranjeros.

Si la educación en la tolerancia se hace imprescindible para impedir los guetos, los incidentes de Alcorcón exigen de los poderes públicos un ejercicio de responsabilidad para que las interpretaciones desviadas sobre lo sucedido no provoquen nuevos altercados. Una responsabilidad que compete a los ciudadanos en general y, muy particularmente, a los padres de los menores que pudieran sentirse atraídos por la violencia contra el otro.