La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que el aumento en el número y agravamiento de los casos de violencia contra personas migrantes cometidos en la frontera con Estados Unidos es un signo de desatención o indiferencia oficial de parte de los gobiernos mexicano y estadunidense y puede propiciar la impunidad de particulares, de organizaciones antiinmigrantes y de agentes policiacos.

Ante esta situación, la comisión llamó la atención a ambos gobiernos, “porque en los últimos acontecimientos se han utilizado armas letales, entre éstas algunas abastecidas con balas expansivas, y se agrede con actos de violencia criminal a personas que se internan en el territorio de Estados Unidos en busca de empleo y mejoría en sus condiciones de vida”.

Además de esa violencia, agregó la CNDH, los migrantes enfrentan otras condiciones muy adversas como el clima extremo y los riesgos de internarse en puntos cada vez más peligrosos del desierto, condiciones que en conjunto ocasionaron la muerte de más de 440 migrantes en 2006, en la franja fronteriza, y que eleva a más de 4,000 los fallecimientos ocurridos en esa zona desde 1995.

La CNDH recordó los casos de Francisco Javier Domínguez Rivera, muerto por un agente de la patrulla fronteriza el pasado 12 de enero, y las agresiones con arma de fuego en perjuicio de Marcos Saúl Torres Quintanilla y Jaime Quintanilla Tapia, heridos el 10 de enero por rancheros del estado de Texas, los cuales, asegura, son un indicador del problema.