madrid – Hace ya varios años que el sistema penitenciario español está
desbordado por los cuatro costados. Con poco más de 33.000 plazas y más de
55.000 internos encerrados tras sus barrotes – a los que hay que sumar los
casi 9.000 de Cataluña, que tiene transferidas las competencias – , la tasa
de hacinamiento supera el 200 por ciento en varios centros. De hecho, la
tasa de reclusos es de 140 por cada mil habitantes, la más alta de toda la
Unión Europea, pese a que el índice delincuencial español no es el
primero. Y la llegada de cada vez más delincuentes extranjeros está
empeorando aún más esta delicada situación.
   Según los
datos de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas había
encerrados en noviembre 20.586 presos extranjeros, 2.241 más que en
diciembre de 2005, lo que representa un aumento del 10,8 por ciento. El
dato tiene una gran relevancia porque la cifra de reclusos españoles sólo
creció en el mismo periodo en 839 internos, un 1,9 por ciento, casi cinco
veces menos, lo que otorga a este colectivo una importancia decisiva en el
incremento de población reclusa que se está registrando en España en los
últimos años.
   Este importante desequilibrio entre uno y
otro crecimiento tiene, según los expertos, un sencilla explicación: la
prisión preventiva. Mientras que muchos ciudadanos españoles son puestos
en libertad condicional a la espera de juicio, en el caso de los
extranjeros la situación es bastante más compleja. A la gran mayoría,
explican, se les aplica la prisión preventiva por el elevado riesgo de
fuga que existe. «A cualquier español resulta relativamente fácil
localizarle para juzgarle. Pero a muchos de los reclusos foráneos, que no
tienen ningún tipo de arraigo en el país, porque no tienen vivienda fija,
ni familia es muy complicado echarles el guante si los dejas en libertad
condicional, por lo que el único medio que hay de evitarlo es decretar la
prisión preventiva».
   La medida garantiza la presencia de
estos presuntos criminales en los juicios, pero tiene el pernicioso efecto
de engordar cada día un poco más la cifra de reclusos encarcelados y de
agravar la tasa de hacinamiento existente en las prisiones.
   Instituciones Penitenciarias puso en marcha el pasado verano un
programa de información para que todos aquellos presos extranjeros con
condenas en firme supieran que tienen derecho a cumplir sus penas en sus
países de origen. Sin embargo, la medida, encaminada a aliviar parte del
hacinamiento que soportan los establecimientos penitenciarios, ha
cosechado un sonoro fracaso, pues, como ya informó este periódico, sólo
322 de los más de 20.000 convictos extranjeros solicitaron acogerse a la
medida.
   Los marroquíes, los primeros
   Así
las cosas, la cantidad de presos foráneos no para de incrementarse de año
en año y su peso porcentual es cada vez más acusado, pues ya representan
el 32 por ciento del total de reclusos.
   Por nacionalidades, son los
marroquíes los que siguen ocupando el primer lugar en este dudoso ranking,
con unos 4.000, seguidos de los colombianos, con algo más de la mitad. Los
rumanos, por su parte, han desplazado en los últimos tiempos a los
argelinos. Ahora mismo, hay en prisión unos 1.300, por poco más de 1.100
magrebíes. Estos últimos, sin embargo, siempre han sido considerados por
los funcionarios de prisiones como uno de los colectivos más conflictivos.
Ecuatorianos y venezolanos ocupan el quinto y el sexto lugar,
respectivamente, con 500 y 400 encerrados cada uno.