El uso indebido de cárceles municipales que son habilitadas como estaciones migratorias continúa en México, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En sólo dos meses, este organismo fue testigo de que en la comandancia municipal de Hermosillo y en la cárcel municipal de Caborca, Sonora, se tuvo retenidos a 199 migrantes, quienes además de permanecer encerrados y hacinados en una celda, carecieron de servicios básicos como agua, alimentos y acceso al servicio sanitario.

Las evidencias fueron obtenidas durante la visita que hizo a ambos lugares personal de la quinta visitaduría general de la CNDH, en abril y mayo pasados.

La comandancia municipal de Hermosillo fue inspeccionada en seis ocasiones por los visitadores, quienes el 20 de abril llegaron a encontrar hasta 78 migrantes, luego38, al otro día 11, al otro 35, al otro 49 y en la última visita, 43 indocumentados.

Del total, 83 personas eran de Guatemala; 36, de Honduras; 58, de El Salvador, una, de Cuba; una más, de Nicaragua y 20 se negaron a informar sobre su procedencia.

Todos estaban encerrados en cinco celdas, cuya capacidad era de cinco personas para cada una. Las fosas sanitarias en las celdas carecían de agua y así, en esas condiciones, consumían sus alimentos.

Los migrantes retenidos denunciaron que no se les proporcionaba suficiente agua para beber, y se les prohibió bañarse con regadera y recibir enseres para el cuidado personal. Dormían en el suelo y la mayoría sin cobijas.

El 21 de abril de 2006, la oficina de la CNDH en Nogales, Sonora, recibió la queja de un migrante que denunció que junto con seis extranjeros fue retenido en la cárcel municipal de Caborca, en donde los mantuvieron con pésimas condiciones de higiene y sin alimentos ni agua.