La Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por el Congreso español no ha parado la sangría de mujeres y el 2006, primer año de su aplicación, cerró con 68 víctimas mortales. De estas, 21 eran inmigrantes de varios países y, entre estas, 2 ecuatorianas.

La cuenta del 2007 aún se mantiene en cero, sin embargo, el terror subsiste y ha llegado hasta la casa de María (identidad protegida), una ecuatoriana oriunda de Guayaquil, quien se angustia con el drama que vive su hija.

En su departamento situado en Olot, población catalana cerca de la frontera con Francia, María reside con sus dos nietos, hasta que su hija solucione la situación con el “hombre con el que vive”. “Ella le tiene miedo, porque él le pega por cualquier cosa”, dice.

“El caso es tan dramático que los Mossos d’Escuadra (policía de Cataluña) nos conocen muy bien por la cantidad de ocasiones en que hemos tenido que llamarlos pidiendo auxilio”, explica.

“Mi hija ya lo denunció antes, pero cuando fue al juzgado retiró la denuncia por pena, porque ese hombre tiene otras causas abiertas, y si se presenta otra, lo deportan”.

Ánade Intriago, activista de la Asociación de Ecuatorianos en Cataluña, señala que conoce muchos casos como los de la hija de María, que no denuncian por miedo o, si lo hacen, terminan perdonando a los agresores y retirando las acusaciones de los juzgados.

“Las tienen amedrentadas, porque saben que cualquier momento las pueden agredir”, dice y enfatiza el caso de compatriotas que han llegado a “meter preso” al provocador, pero que una vez superado el mal momento, continúan viviendo con él.

Eso le sucedió a Mónica Sánchez, asesinada por el hombre al que había denunciado por malos tratos. La ecuatoriana murió en Madrid el 22 de julio del año pasado, según los archivos policiales.

En este caso, el homicida pululaba libremente pese a sus antecedentes de violencia.

Lo mismo le ocurrió a la compatriota Ana María U.J.

Ángeles Álvarez, responsable del área de Prevención de la Violencia de la Fundación Mujeres, anota que el momento de mayor riesgo para las víctimas es precisamente después de que ponen la denuncia. “Eso ya sucedía hace un año, antes de que sea aprobada la Ley Integral contra la Violencia de Género, que en teoría, es vital para combatir este fenómeno”.

“La Ley ha contribuido al aumento sustancial de denuncias”, dice Álvarez, aunque reconoce que ese cuerpo legal no solventa del todo el caso de las mujeres inmigrantes que carecen de permisos de trabajo y residencia.

Antes no denunciaban, porque les abrían un proceso de expulsión. Pero desde hace un año, por disposición del Gobierno estas inmigrantes no pueden ser deportadas, agrega Álvarez.