IVA ANGUERA DE SOJO

BARCELONA. La Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat promoverá «con la máxima ambición e ilusión, un gran acuerdo nacional por la competencia lingüística», según anunció ayer el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod – Rovira. El objetivo: garantizar la presencia del catalán en todos los ámbitos, incluidos los que hasta ahora se han mostrado más reacios, con la Administración de Justicia a la cabeza.

El pacto que Carod propuso a todos los grupos parlamentarios parte de las bases sentadas por el nuevo Estatuto catalán, con la obligatoriedad de conocer el catalán y el castellano y la advertencia de que, además, «el catalán es la lengua propia de Cataluña, la que nos identifica colectivamente, y es un patrimonio que debemos preservar para las siguientes generaciones».

Respecto al castellano, Carod reconoció que se ha convertido «en elemento estructural de la sociedad catalana, una realidad que también todos tenemos que asumir».

La traducción práctica de esa voluntad es el mantenimiento de la política de sanciones, que el portavoz de ERC, Joan Ridao, recordó que «no se aplican por el uso del castellano, sino por la negativa a utilizar el catalán», pese a los ruegos del PP y Ciutadans (C´s) para que el Gobierno catalán «apueste por incentivar en vez de sancionar».

La Generalitat también seguirá aplicando el decreto de contratación en catalán, que da prioridad a las empresas que utilizan este idioma a la hora de contratar bienes y servicios. Una política que Carod quiere extender a otras administraciones y a todas las empresas públicas.

Inmersión en los colegios

El vicepresidente catalán hizo además una encendida defensa del sistema de inmersión lingüística en la escuela – recordó que «tiene el respaldo del Tribunal Constitucional y, si alguien lo pone en duda, el Gobierno catalán lo defenderá» – cuestionado a raíz del decreto de enseñanzas mínimas que incluye la obligatoriedad de la tercera hora en castellano. Pero evitó referirse a ese decreto – que ha provocado el primer enfrentamiento de la Generalitat de José Montilla con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero – pese a los repetidos envites de CiU en este sentido, ya que acusó a Carod de hacer unos planteamientos poco ambiciosos en este ámbito.

Tampoco respondió a las críticas del popular Francesc Vendrell, quien le señaló que «el problema de la tercera hora de castellano no es de competencias sino de que con dos horas no se puede aprender una lengua». El líder de ERC recriminó al PP catalán que haya endurecido su discurso en este ámbito por la aparición de C´s.

Destacó además como uno de los objetivos prioritarios en materia lingüística conseguir que los inmigrantes «sean competentes en catalán y castellano» y advirtió de que «la lengua catalana requiere una promoción singular».

En este sentido, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós (ERC), defendió que los inmigrantes acrediten nociones básicas de catalán y sobre Cataluña para obtener el certificado de inserción social, documento requerido para la regularización por la vía del arraigo. Para ello, la Generalitat les ofrecerá cursos en los que recibirán la formación necesaria, tanto sobre catalán y castellano como sobre cuestiones sociolaborales y jurídicas.

En cuanto a la gestión del Instituto Ramon Llull, Carod pidió ayuda a Vendrell para recuperar la colaboración con el Gobierno balear en el marco de esta institución de promoción del catalán, en la que abogó porque participe también la Comunidad Valenciana. Vendrell prometió brindar ese apoyo, pero reclamó primero «respeto» hacia esas comunidades.