Dicen que sus chicas, prostitutas argentinas supuestamente ingresadas a México en forma ilegal, son la gran sensación de Cancún. Lo acusan también de tener acuerdos de protección con el gobierno local, con la Procuración General y con distintos jueces para moverse con toda impunidad. Y hay quien jura que filma a algunos de sus clientes con la idea de extorsionarlos y que tiene tratos con productores pornográficos. Cierto o no, lo real es que un ex agente argentino de la SIDE está hoy envuelto en un escándalo que atraviesa despachos oficiales mexicanos y sacude la noche vip de toda una ciudad.

Raúl Luis Martins es el gran protagonista del caso, que desde hace una semana viene ocupando generosas páginas de Reforma, el principal diario de México. Su rostro ya se hizo habitual en los noticieros de Televisa y motivó ayer una reunión en Buenos Aires entre el embajador argentino en tierras aztecas, Jorge Yoma, y el canciller Jorge Taiana.

De este lado del continente, la principal preocupación tiene que ver con el presunto vínculo entre Martins, la Triple A y la represión ilegal del que también está hablando Reforma. Si bien por ahora no hay ningún indicio de esto a nivel judicial, el tema es muy sensible para el Gobierno.

Martins, de 56 años, fue agente de la SIDE entre 1974 y 1987. Tras su retiro, se lo vinculó con el sexo vip de Buenos Aires, a través de sus manejos con locales donde trabajaban prostitutas de alto nivel. Su figura se mantuvo en la oscuridad hasta que en 1998 quedó involucrado en una megacausa de corrupción policial. En concreto, se lo acusó de pagar coimas a jefes de la Federal para que protegieran sus locales.

La investigación que más avanzó derivó en 2001 en el procesamiento de un comisario por recibir dinero sucio y a él le costó una medida similar por regentear prostíbulos. Pero en el transcurso del expediente surgieron aún más datos: lo denunciaron por filmar a sus clientes para extorsionarlos y se lo vinculó a una red que supuestamente llegaba, en última instancia al juez federal Norberto Oyarbide. El mismo que hoy maneja el principal expediente sobre la Triple A.

Todo este escándalo empujó a Martins a radicarse en Tijuana, México, a donde llegó el 19 de mayo de 2002. Tal como ya publicó Clarín, allí se dedicó al negocio que mejor conoce, pero al poco tiempo se peleó con sus socios locales. ¿El motivo? Lo acusaban de filmar a sus clientes.

En pocos meses, Martins ya se había establecido en Cancún. Según distintas fuentes, allí le habría comprado a otros argentinos el local “The One”, donde mujeres se ofrecen a tomar una copa y bastante más con los clientes más selectos.

A comienzos de 2004, estalló el escándalo. Como informó Clarín, lo empezaron a acusar de pagar coimas y, otra vez, de extorsiones con filmaciones. Las investigaciones no llegaron a nada y el tema se acalló. Hasta ahora.

La semana pasada quien fuera abogado de Martins durante siete años, Claudio Lifschitz, le dio una entrevista a Reforma y habló de todo: dijo que el ex espía maneja no sólo The One sino también Maxim (en Playa del Carmen), que sus clientes son “narcotraficantes, empresarios y políticos”, que hace trabajar a prostitutas argentinas en condición de esclavas, y que tiene protección de alto nivel.

Según Lifschitz, Martins tiene amigos que entre otras cosas le garantizan el privilegio de ser el único local de su tipo en la zona hotelera de Cancún. Esos amigos, agregó, empiezan por el gobernador del estado de Quintana Roo (donde está la ciudad costera), Félix González Canto. La delegación general de la Procuración también lo protegería, agregó, por gestión de un empresario libanés al que el ex espía le proveería “chicas para fiestas en yates que duran dos días”.

La denuncia, donde también se decía que Martins había sido represor en la última dictadura militar, fue un terremoto. Encima, Reforma descubrió que el ex espía tenía el permiso de residencia (FM3) vencido desde hacía meses y obtuvo testimonios de que además pagaría coimas para obtener licencias migratorias para chicas argentinas en 48 horas.

Como si fuera poco, la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) salió a decir que hacía tiempo que exigían que The One fuera desplazado de su zona. El Ayuntamiento respondió que Martins “tiene amparos contra todas las autoridades”, aunque aclaró que eran amparos judiciales. Y el propio gobernador acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de no actuar.

El INM también se defendió. Explicó que le había negado a Martins la prórroga de su permiso en mayo de 2006 y que lo había expulsado del país, pero que un juez había frenado todo.

Reforma investigó más. Habló con chicas argentinas de The One y estas contaron que cobran 150 dólares por sexo oral y 400 por “salir”. Los taxistas lo confirmaron: “Son la sensación”.

Así, el viernes pasado la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones y el INM hicieron una redada en The One. Pero no hallaron nada y Reforma denunció que hasta los taxistas habían sido avisados del procedimiento. “Las argentinas volverán cuando se calme todo”, prometió un mesero. Por ahora, la calma parece lejos.