La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado en 2006 la muerte de 1.167 personas a causa de la inmigración ilegal, aunque cree que la cifra se puede aproximar a las 7.000 personas, lo que supone tres veces más que en 2005.

Éste es uno de los resultados del “Informe Anual sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur del año 2006”, presentado en rueda de prensa por el presidente de la APDHA, Rafael Lara, y que a partir de hoy se presentará en el Foro Social Mundial de Nairobi.

Según Lara, han consultado muchas fuentes, tanto en el Sáhara como en Mauritania y Senegal, que coinciden en señalar que de cada tres cayucos, “al menos uno no logra el objetivo de llegar a Canarias, lo que confirmaría efectivamente alrededor de seis o siete mil fallecidos o desaparecidos”.

Para esta asociación, la inmigración está ligada a la pobreza en África, que se debe principalmente a la “globalización neoliberal” que ha cerrado “a cal y canto” las fronteras y ha llevado a los inmigrantes a explorar otras rutas cada vez más al sur del continente africano. Además, Lara indicó que la inmigración “se ha socializado con la ayuda de las nuevas tecnologías como móviles o GPS que hacen los viajes más baratos”.

Frente a esto, el Gobierno español actuó el pasado año con un “despliegue sin precedentes, con muchas operaciones en marcha y con algo novedoso: el despliegue de fuerzas europeas en las costas africanas desde donde parten los inmigrantes”, un hecho “muy preocupante”, según Rafael Lara, puesto que crece el “odio hacia Occidente”.

7.000 perdidos en el mar

Según destaca el informe, la cooperación en África es “insuficiente” y condicionada a que los propios gobiernos, “corruptos en su mayoría”, pongan en marcha políticas de control efectivas. Hasta octubre de 2006 fueron repatriados a sus países de origen 10.635 personas, de las que 4.864 eran de Senegal, 4.909 de Marruecos, Malí (354), Mauritania (303), Guinea Bissau (110) y Nigeria (95). Lara dijo que la inmigración procedente del continente africano sólo supone el 4% del total de la inmigración en España, “47.000 personas frente al millón de indocumentados”.

Frente a ello, el Gobierno español ha planteado un dispositivo “represivo” para atajar precisamente la inmigración africana “con una visión hasta cierto punto xenófoba y racista”.