Tres inmigrantes hondureños presumen haber sido víctimas de un asalto y tratos degradantes por parte de cuatro soldados, en la frontera con Guatemala, el pasado lunes 8 de enero.

Así lo denunció uno de los supuestos afectados, Óscar David Hernández, a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tapachula, Chiapas.

En entrevista, Ricardo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, señaló que los otros dos hondureños, Raúl Coto y Luis Fernández, no denunciaron la acción por temor a ser deportados.

Los hechos ocurrieron supuestamente cuando los tres centroamericanos cruzaban la frontera por Tecún Umán-Ciudad Hidalgo, por el cauce del río Suchiate, donde habrían sido aprehendidos por cuatro elementos policiacos.

Tras la detención, el soldado Pedro Ordóñez, con número de placa 1143, le habría quitado a Óscar David Hernández 500 pesos mexicanos, después lo habría obligado a entrar a un baño y le ordenó que se desvistiera para revisar su ano en busca de más dinero, según lo denunció el centroamericano a los funcionarios de la Comisión de los Derechos Humanos.

A raíz de estos hechos, el centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC aseguró que envió el jueves pasado una carta al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, en la que narra los hechos y le solicita “de forma imperiosa y urgente su intervención respecto de las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes, que de forma sistemática prevalecen en la frontera sur de México”.

En la misiva se explica que los hondureños Coto y Fernández “se negaron a denunciar los hechos por temor a las represalias y a la deportación”, y se señala que “su temor es justificado, porque en México no se les reconocen sus garantías constitucionales y, en consecuencia, no se les otorgan las garantías necesarias para proceder en contra de sus victimarios y tampoco para la reparación del daño cometido”.

Asimismo, la agrupación insta al jefe del Ejecutivo a que “disuelva las redes de corrupción, extorsión y abuso de autoridad que prevalecen en esta región y que atentan contra la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física y sicológica de los inmigrantes”. El documento está firmado por la coordinadora del centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC, Fermina Rodríguez Velasco.

En tanto, Lagunes Gasca planteó que hay una situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la frontera sur por parte tanto de los policías federales, estatales y municipales, como de los cuerpos militares y los agentes migratorios, por lo que es urgente que se combata la corrupción y la falta de cultura y respeto a los derechos humanos.

El abogado del centro expresó que no basta con la existencia de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, sino que es urgente capacitar a los militares y policías para concientizarlos de que están obligados a respetarlos y se dé “su plena observancia y aplicación”.

El pasado viernes, al asistir a la ceremonia de asunción del obispo Rogelio Cabrera como arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el obispo de San Marcos, Guatemala, Álvaro Rabasini, demandó que las autoridades migratorias mexicanas den a los centroamericanos el mismo respeto que exigen para los mexicanos que cruzan la frontera norte.