El Paso— El Gobierno de Estados Unidos expulsa por los diferentes puertos de salida del sector El Paso a un promedio de 760 exconvictos extranjeros, que han cometido crímenes en este país, los cuales van desde faltas menores, como conducta desordenada o infracciones de tránsito, hasta crímenes graves como homicidio, tráfico humano y de drogas, de acuerdo con informes de la Oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y de Aduanas (ICE).

Lorena Figueroa
Domingo, 14 de Enero de 2007
Al menos la mitad de los deportados por este sector, que comprende a Nuevo México y al Oeste de Texas, cuentan con la ciudadanía mexicana y cruzan a Ciudad Juárez por los puentes internacionales Paso del Norte y Zaragoza, según informó Leticia Zamarripa, vocera de la dependencia.
Autoridades de ambos lados de la frontera han criticado este tipo de deportaciones, sobre todo, porque del lado mexicano no existe un control para darle seguimiento y ubicar a los exconvictos en Juárez, dando pie a que vuelvan a cometer crímenes en esa ciudad o que reingresen a Estados Unidos de manera ilegal.
Pero tampoco existe un rastreo veraz de los migrantes detenidos de este lado de la frontera, de acuerdo con una auditoría reciente de la oficina del inspector general, el brazo investigador del gobierno estadounidense para garantizar la ejecución de diversas leyes y reglamentaciones.
Según reportes de ICE, 9 mil 143 extranjeros fueron deportados luego de cumplir sus sentencias por haber cometido crímenes en Nuevo México y el Oeste de Texas durante el año fiscal 2006, que comprendió del 1 de octubre del 2005 al 30 de septiembre del año siguiente.
Estos datos indican que 909 fueron expulsados en octubre del 2005; 748 en noviembre; 753 en diciembre; unos 860 en enero del 2006; 774 en febrero; mil 95 en marzo; 798 en abril; 910 en mayo; 853 en junio; 541 en julio; 532 en agosto; y otros 370 en septiembre.
Los exconvictos deportados por El Paso-Juárez constituyeron el 10.5 por ciento de las expulsiones en toda la nación en el año fiscal 2006. Durante ese periodo, Estados Unidos deportó a 86 mil 496 personas que cumplieron sus sentencias y fueron devueltos a sus países de origen.
La portavoz de ICE, Leticia Zamarripa, detalló que estas personas deportadas eran indocumentados, migrantes con visas para ingresar legalmente a Estados Unidos o residentes legales permanentes.
Recordó que en estos dos últimos casos, el gobierno estadounidense puede revocar las visas o residencias permanentes (‘tarjetas verdes’), cuando los migrantes “violan las condiciones de su estatus legal”, es decir, cuando cometen delitos graves.
“Los migrantes criminales constituyen una amenaza para la seguridad pública y son una de las mayores prioridades de ICE dentro de su misión para aplicar las leyes de migración de la nación; al deportar a estos delincuentes, ICE está ayudando a proteger al público norteamericano”, manifestó el director de Operaciones de Detención y Separación de la Oficina de Campo de El Paso, Robert Jolicoeur.
Zamarripa comentó que son deportados por esta frontera quienes cumplieron sus sentencias por haber cometido delitos en el estado de Nuevo México y los condados de El Paso y Hudspeth, en Texas, que cubre la jurisdicción de ICE de El Paso.
Los crímenes principales que comenten los migrantes y los residentes legales en esta región incluyen el tráfico humano y de drogas, reentrada ilegal al país, crímenes sexuales contra menores y falsificación de documentos, dijo.
A nivel nacional, en cambio, la mayoría de los expulsados del país son porque cometieron ofensas relacionadas con el alcohol y desorden público, extorsión, narcotráfico y tráfico humano. El asesinato, asalto sexual, y reentrada ilegal al país quedan en los lugares 18, 23 y 31 respectivamente, de acuerdo con informes de ICE.
Zamarripa mencionó que, por lo menos la mitad de los deportados por esta frontera son de origen mexicano. El resto son oriundos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Cuba, entre los principales.
Los de origen mexicano son deportados, en su mayoría, por el puente Paso Del Norte (incluyendo el de la Stanton o Lerdo), y en otros casos por Zaragoza.
Al cuestionarle sobre el control de estos exconvictos, Zamarripa indicó que “todos los exconvictos mexicanos que deporta ICE son puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, que se encarga ya en México de ellos”.
Pero las autoridades migratorias mexicanas han carecido de algún tipo de padrón para rastrear a aquellos connacionales repatriados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual, en Estados Unidos.
La única instancia que tiene este tipo de información es la Agregaduría de la Procuraduría General de la República en el consulado mexicano en la vecina ciudad, pero sólo es en los casos donde los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración en Juárez han declarado que, cuando son repatriados los connacionales que cuentan con antecedentes penales en Estados Unidos, sólo se les piden sus datos generales, como el nombre, edad y lugar de nacimiento, entre otros.
Lo anterior es porque esas son las exigencias que establecen las leyes mexicanas, mismas que indican que no se les puede negar la entrada a México a ningún mexicano. Además, si los connacionales ya compurgaron una pena en Estados Unidos, ni el INM ni la Secretaría de Relaciones Exteriores están obligados a darles seguimiento a sus casos.
Al respecto, el Consulado General de México en El Paso ha exigido por lo menos los últimos dos años a ICE informes específicos sobre los exconvictos deportados por esta frontera, ante las peticiones de autoridades mexicanas ya que buena parte de los repatriados se quedan en Juárez, algunos de ellos para delinquir.
Como consecuencia, el año pasado arrancó un programa piloto entre el Consulado mexicano en El Paso con el ubicado en Chicago, Illinois, para una mayor coordinación para obtener una mejor información de los exconvictos.
Preguntas hechas al Consulado mexicano sobre los avances de este programa no fueron respondidas inmediatamente.
Pero no sólo las autoridades mexicanas carecen de un sistema de rastreo para los exconvictos deportados a México, sino también las estadounidenses.
De acuerdo con un reporte de OIG dado a conocer a finales del 2006, ICE carece también de un sistema efectivo para rastrear la locación de los migrantes detenidos, según los resultados de ocho centros de detención de la dependencia federal estudiados, incluyendo El Paso.
“En seis de los ocho centros de detención, el DACS (Sistema de Control de Extranjeros Deportables), y los informes del centro no siempre coincidían en la localización de los detenidos o no contenía información que mostrara si los detenidos ya han sido deportados”, según indica el informe. (Lorena Figueroa/El Diario de El Paso)