El ministro de Trabajo recalcó ayer que cumplirá con su promesa de trasladar a 500 menores inmigrantes a la Península, previa autorización de las autonomías, que son las competentes.

EFE, Las Palmas

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, garantizó ayer que cumplirá con su promesa de trasladar 500 menores inmigrantes no acompañados desde Canarias hasta la Península, aunque advirtió que para ello necesita la autorización de las autonomías, que son las competentes.

De este modo, se refirió a las palabras del presidente del Ejecutivo canario, Adán Martín, quien manifestó que Caldera prometió dicho traslado en septiembre y, meses después, no ha cumplido su compromiso, lo que el Gobierno canario considera un “fracaso” del estatal.

Asimismo, agregó que no realizó la petición con firmeza en la Conferencia de Presidentes porque la responsabilidad es del Estado, no de las comunidades autónomas.

A este respecto, Caldera insistió en que las competencias de menores fueron trasladadas a las comunidades autónomas, así como los centros, por lo que el Gobierno del Estado no tiene instalaciones para albergar a los menores.

Aún así, prosiguió el ministro, el departamento que dirige está en contacto con instituciones privadas y la Iglesia para llegar a un acuerdo que permita utilizar sus centros, pero para ello se “necesita autorización de las comunidades autónomas”, insistió.

Hasta el momento han sido trasladados 252 menores y confió en que el resto hasta 500 sean llevados a la Península antes de dos meses, para cuando está prevista la Conferencia Sectorial de Inmigración en la que serán tratados los asuntos que Adán Martín planteó en la Conferencia de Presidentes.

“Yo estoy cumpliendo mis compromisos a rajatabla”, aseveró Caldera, quien dijo que para culminar los traslados tiene que “apelar” a la solidaridad de las autonomías, aunque los gastos corren a cargo del Ministerio de Trabajo.

Detalló que Extremadura ha acogido a 50, la que más, y Madrid ninguno; asimismo, Cataluña alberga 40, Aragón 16, Asturias 16 y Castilla y León 20, entre otras. El ministro aseguró que el Ejecutivo estatal se “ha volcado” con Canarias y, de los inmigrantes que llegaron a las islas en 2006, 10.000 fueron repatriados y gran parte del resto desviado a la Península, con lo que “la gente que llega no se queda aquí”, donde permanecen menos inmigrantes que en años anteriores.

Martín ha pedido un sistema de información aeroportuaria que permita saber si los extranjeros que llegan a las islas utilizan su billete de vuelta o se quedan en Canarias, a lo que el ministro respondió que “las compañías tienen la obligación de garantizar que las personas que toman los aviones son legales” y si las “fuerzas de seguridad descubren que un ciudadano es ilegal” lo devuelve a su país, aunque no se refirió a los que llegan de forma legal pero no regresan.

Caldera aseguró que el sistema de vigilancia de Frontex será prorrogado. Además, comentó que en los Consejos Europeos le preguntan cómo puede España atender tantas personas y aseguró que se debe a la Cruz Roja.