LA incorporación a la UE de Rumanía y Bulgaria ha propiciando que la ultraderecha sume escaños para poder constituir este próximo lunes un grupo propio e institucionalizado en la Cámara de Estrasburgo, bajo la denominación común de ‘Identidad, Tradición y Soberanía’. La nueva formación se articulará en torno al Frente Nacional francés, lo que permitirá a su controvertido líder, Jean – Marie Le Pen, salvar el aislamiento al que ha estado sometido desde que fue elegido eurodiputado en 1983 y esgrimir ante el electorado galo, a cinco meses para la celebración de unas elecciones presidenciales que se prevén muy disputadas, su capacidad de influencia en el Legislativo comunitario. Pero su ideología ultranacionalista y xenófoba nunca le proporcionará la respetabilidad de la que sí gozan las grandes tradiciones políticas que han definido los principios democráticos y humanistas del europeísmo. El nombramiento como presidente de la nueva formación de Bruno Gollnisch, imputado en Francia por negar la existencia de cámaras de gas en los campos nazis, ejemplifica gráficamente la incompatibilidad entre los valores comunitarios y el ideario que propugnan Le Pen y sus correligionarios.

La participación normalizada en los trabajos de la Eurocámara obligará a la extrema derecha a asimilar las reglas de juego del parlamentarismo y hará visible ante la opinión pública la radicalidad de sus planteamientos. Pero las ventajas de esa institucionalización no atemperan el gran problema de fondo, que no es otro que el auge sostenido en la UE de grupos ultras que prometen soluciones rápidas y simples a las dificultades económicas y sociales. Sus líderes se aprovechan del sistema de libertades propio de las democracias avanzadas para manipular su significado y despojarlo de sus principios esenciales, en un contexto complejo condicionado por los déficits en la correcta integración de los inmigrantes y los apuros de los estados más débiles para competir en un mundo global. Si fuerzas mayoritarias en la Eurocámara deben limitar el nuevo peso de los extremistas, todos los partidos democráticos están obligados a resistir la tentación de adoptar sus mensajes simplificadores y populistas y a combatir la agitación y división social que pretenden promover.