TEXTO: CRUZ MORCILLO

FOTO: VÍCTOR INCHAUSTI

MADRID. Florescu, Constantin, Dorel, Alexandro, Camelia, Ruxandra… Cada nombre tiene detrás un sueño de futuro pensado en rumano que ahora está más cerca. Han dejado de ser «sin papeles» para convertirse en europeos comunitarios y en ello están, en busca de los ansiados documentos que certifiquen la realidad y la metan en unos folios. Como cada vez que hay «papeles» vinculados a la inmigración, sean del tipo que sean, las colas, las esperas y el vuelva usted mañana hacen aparición.

«Estamos dando 600 citas diarias para el lunes y el martes. Una por persona para tramitar la tarjeta de residencia comunitaria», explica un funcionario a las puertas de la Comisaría General de Extranjería y Documentación en Madrid, al frente de una cola de triple vuelta. Varios agentes de la Unidad de Intervención Policial controlan la fila, calmada y sin grandes sobresaltos por otra parte, en la que se arraciman familias enteras de rumanos y algún que otro búlgaro.

La mayoría tiene prisa porque quiere optar a un trabajo o legalizar el actual. Otros todavía andan apurados por el rumor de que habría cupos e incluso plazos concretos. Varios funcionarios se desgañitan a las puertas de la comisaría de General Pardiñas deshaciendo entuertos.

«Todos hemos venido por lo mismo, por el dinero. No es comparable la situación de España y Rumania; quizá cambie pronto, pero ahora las cosas son como son». Ruxandra Sofia Rus, 16 años, no tiene pelos en la lengua. Su diagnóstico es preciso y su español para sí lo quisieran muchos.

Lleva menos de cuatro meses en Madrid, estudia 4º de ESO y aprendió el idioma viendo telenovelas mejicanas. Llegó como el 99 por ciento en autobús por La Junquera, con su madre y su hermano. Su padre les precedió hace casi tres años. «Era matarife, ganaba unos 300 euros como máximo. Aquí cobra 1.000 como albañil». Toda la familia tramita ya sus tarjetas. El ingreso en la UE el 1 de enero ha decantado la balanza.

Constantin necesita que su hijo Alexandro, de ocho años, y su mujer Camelia le hagan de intérpretes. Ni tres meses lleva en el barrio madrileño de Santa Eugenia. Ha pasado de ser militar en la Armada rumana al paro. Su esposa le animó y han dado el paso de su vida. Ella limpia casas y el cabeza de familia espera sus papeles con mirada confiada. «Ya le han ofrecido trabajo de chófer, en cuanto arreglemos la tarjeta»

Por delante de las narices

A Florescu Glugelo, de 29 años, la regularización de Caldera le pasó por delante de las narices. Su patrón de entonces, constructor, prefería mantenerlo ilegal. El actual le ha prometido una oferta – la condición para quienes quieran trabajar por cuenta ajena impuesta por la moratoria – y él cree que cumplirá su palabra.

«Necesito otra cita para mi marido», pide una chica búlgara al funcionario que las reparte. «Tiene que venir él». «No puede porque está trabajando», replica la mujer. «¿Cómo es que está trabajando si era ilegal?», inquiere el funcionario. «En negro, cómo va a ser», responde sin pensárselo. Ya se han detectado falsificaciones de las citas y el primer día se daban la vuelta y las vendían, de ahí la restricción.

La fila avanza – se abrirá viernes por la tarde y sábado, pero ese es el único de los anunciados refuerzos – y surgen algunas constataciones. La primera es que muchos de los rumanos que aún son «ilegales» tienen trabajo; la segunda que, al margen de los que decidan venir, sí han llegado en tropel en los últimos meses y eso que aún no se sabía que haría falta un visado laboral.