La asociación ATTAC Marruecos ha denunciado que las autoridades marroquíes prosiguen con las expulsiones “ilegales” de subsaharianos por la frontera con Argelia, “incluidos refugiados políticos y solicitantes de asilo”, dijo ayer su representante Lucile Daumas.

Según esta militante, el pasado lunes “más de cien subsaharianos” fueron detenidos en El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, desde donde fueron trasladados al noreste de Marruecos para su posterior expulsión.

Desde el pasado 23 de diciembre, según han denunciado numerosas asociaciones humanitarias, Marruecos ha expulsado por su frontera oriental cercana a Uxda a más de cuatrocientos subsaharianos que habían sido detenidos en Rabat, Nador y El Aaiún.

Estas personas han descrito abusos y humillaciones de todo tipo por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, en testimonios que han recogido diversas ONG.

En un informe elaborado por Jérôme Valluy, catedrático de la universidad francesa “París I”, por encargo de la asociación Migreurop, se describe cómo la policía trasladó a los inmigrantes a Uxda a la fuerza tras apropiarse de sus escasas pertenencias.

En el documento se relatan abusos como palizas, humillaciones, entre ellas obligar a algunos inmigrantes a dirigirse de rodillas a la frontera, e incluso al menos seis violaciones de mujeres, cinco de ellas confirmadas por personal sanitario. Tras las expulsiones, los inmigrantes se vieron obligados a intentar de nuevo entrar en territorio marroquí, dado que la frontera con Argelia está cerrada desde 1994.

Lucile Daumas explicó que las expulsiones masivas de inmigrantes son “ilegales” tanto en la legislación marroquí como en los convenios internacionales de los que Marruecos es signatario.

Entre estos convenios se encuentra la Convención de Ginebra, que regula el derecho de asilo, y que prohíbe taxativamente la expulsión de refugiados políticos y candidatos a serlo.

En relación con esta cuestión, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaisa, desmintió ayer que su país haya expulsado a subsaharianos en posesión de “documentos auténticos” que acreditaran su condición de refugiado o solicitante de asilo.

El Gobierno marroquí salió así al paso de las declaraciones de Johannes Van der Klauwn, representante en Rabat del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que había afirmado que entre los subsaharianos expulsados al menos setenta eran refugiados o candidatos a serlo.