El presidente canario calificó de avance el acuerdo logrado en el III Conferencia de Presidentes para elaborar un informe en el plazo de seis meses sobre el impacto de la inmigración en el modelo de financiación de las CCAA.

EFE, Madrid

El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, valoró ayer los “avances” logrados en la Conferencia de Presidentes en materia de inmigración, aunque los consideró insuficientes, especialmente en lo que se refiere al problema de los menores inmigrantes.

Así lo manifestó Martín en declaraciones a los medios al término de la III Conferencia de Presidentes, que reunió en el Palacio del Senado al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La reunión, en la que también participaron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se inició después de que todos los asistentes mantuvieran un encuentro con el Rey en el Palacio Real.

En materia de agua, el presidente canario pidió la firma inmediata del convenio de obras hidráulicas, y en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) manifestó su satisfacción por la aceptación de su propuesta sobre la puesta en marcha de un plan nacional de innovación en el sector turístico.

Martín lamentó que el amplio debate sobre terrorismo y política hidráulica impidió que se profundizara en las propuestas presentadas por Canarias sobre inmigración, como las modificaciones en la normativa legal y el problema de la atención a los menores.

Menores

Sobre este último aspecto, reivindicó que se sigan derivando hacia el territorio peninsular aquellos menores que el Gobierno canario no puede integrar adecuadamente en cumplimiento de los acuerdos a los que el Gobierno regional llegó con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el pasado mes de septiembre.

Agradeció la solidaridad de las demás comunidades autónomas, pero a la vez reivindicó la responsabilidad del Estado con aquellos menores que las autonomías no puedan acoger.

Martín pidió al Gobierno que mantenga el esfuerzo y la guardia muy alta, ya que la presión de la inmigración en Canarias mediante cayucos no ha disminuido lo suficiente, y pidió al Estado que supla la vigilancia en un momento en que el dispositivo de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) “haya abandonado temporalmente” su tarea.

Martín defendió la necesidad de revisar la financiación autonómica con criterios de población, a lo que se sumaron “muchas comunidades autónomas de diferentes colores políticos”.

A pesar de que consideró que hay que avanzar mucho más en materia de inmigración, Martín reconoció que “se ha abierto una puerta” al lograrse determinados acuerdos. A este respecto, calificó de avance el acuerdo logrado para que el grupo de trabajo creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) elabore un informe en el plazo de seis meses sobre el impacto de la inmigración en el modelo de financiación de las CCAA.

Conferencia sectorial

Martín defendió que una vez elaborado el informe se establezcan compromisos presupuestarios para el año 2008, propuesta que el Gobierno quedó en estudiar.

Valoró también el acuerdo sobre la participación de las CCAA en los Consejos de Ministros de la UE cuando se traten temas de inmigración, así como la creación de la conferencia sectorial de inmigración en la que se abordarán de forma prioritaria el tema de la financiación y de los menores inmigrantes.

En materia de I+D+I, Martín dio el visto bueno a la propuesta del Gobierno si bien echó en falta que no se hablase de innovación en el sector turístico, que es el motor de la economía canaria y de otras comunidades. Así, planteó la puesta en marcha de un plan nacional de innovación en turismo, que incluya también a los aeropuertos, lo que, según dijo, fue aceptado.

Otras propuestas suyas no fueron asumidas, como la creación de un Instituto Vulcanológico Nacional en Canarias, que el Gobierno ha quedado en considerar.

En cuanto a la política hidráulica, Martín constató las diferencias entre las comunidades y expuso la situación de Canarias, que empezó a desalar agua hace casi 50 años, gracias a lo cual y a una explotación racional el agua en Canarias no es un problema. Pidió la firma inmediata del convenio de obras hidráulicas, por una vigencia de 4 años, si no es posible por siete como defiende su gobierno.