El jefe del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, solicitó ayer, en la intervención que tuvo lugar con motivo de la Conferencia de Presidentes, que se modifiquen tres leyes y un Real Decreto sobre menores inmigrantes, el mayor de los problemas con que cuenta Melilla de entre los que se trataron en la sesión que tuvo lugar ayer en el Senado hasta bien entrada la tarde.

El mandatario local, que explicó al resto de jefes autonómicos y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que Melilla es la región española con mayor índice de menores, propuso que se modifiquen la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros, el Real Decreto 2004 de 30 de diciembre que aprueba el Reglamento de una Ley Orgánica anterior, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Y es que, según Imbroda, es una «contradicción» que Melilla no encuentre la solidaridad interregional que necesita cuando a los que acogen menores de Canarias se les prima con 80 euros por cabeza y día, siendo la Ciudad Autónoma la única que recibe 20 euros por cada menor, algo totalmente insuficiente para hacer frente al gasto que supone su acogida.

La reagrupación familiar, otro de los temas estrella de la alocución del presidente, fue respaldada por el resto de jefes autonómicos del PP. De hecho, se ha solicitado que se retomen estas prácticas que se iniciaron con el Gobierno de José María Aznar, pero que se paralizaron hasta la fecha «puesto que el reagrupamiento familiar es un derecho de las familias».

Sea como fuere, el asunto ha quedado pendiente de análisis por parte del Consejo Sectorial que se creará en materia de inmigración. «Hemos pedido medidas legislativas y, además, hemos pedido la solidaridad», sentenció Imbroda en su posterior rueda de prensa.

Agua

Otro Consejo similar se creará también para estudiar el asunto del agua. Melilla ha instado a la Administración central que ponga en marcha el embalse de las Adelfas, cuya obra finalizó hace meses y está a la espera de que se ponga en marcha su explotación, y que el Gobierno destine una aportación similar a la que realiza en Ceuta para menguar el coste que supone para los ciudadanos la puesta en marcha de la desalinizadora. «Evidentemente, estas ayudas tendrán que ser cuando se produzca el hecho de que el agua sea desalada. No digo desde el 1 de enero, sino cuando esté en explotación, pagándonos la misma cantidad que existe en otras comunidades y en la otra ciudad autónoma», comentó.

En otro orden de cosas, el presidente Imbroda, que bien entrada la mañana tuvo la oportunidad de compartir mantel con sus homólogos del resto de autonomías y el Rey Don Juan Carlos en el Palacio Real antes de que comenzase una «densa» sesión de debate, reprochó al delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, que haya dicho que si hablaba sólo de inmigración y agua significaba que todo lo demás iba viento en popa cuando, en realidad, existía un orden del día estipulado con tres asuntos a tratar. «Me sorprende que en este clima haga unas declaraciones intempestivas», porque «veníamos con un orden del día tasado por parte del presidente del Gobierno de la Nación y a este orden del día nos tenemos que circunscribir todos».