madrid(enviada especial) – El presidente de la Generalitat, Francisco Camps,
exigió al Gobierno central durante su intervención en la Conferencia de
Presidentes celebrada ayer en el Senado una partida extraordinaria, que
cifró en 1.600 millones de euros, para la atención a la población
inmigrante. Camps propuso que 10.000 millones de los 35.000 que el Estado
ingresa en concepto de impuestos y vía la Seguridad Social sean destinados
a las comunidades autónomas para que no se ponga en peligro la sociedad
del Bienestar. De esos 10.000 millones, aproximadamente el 16 por ciento
debería ser para la Comunitat Valenciana de acuerdo con el aumento
poblacional de los últimos seis años. Los Gobiernos de Cataluña y
Extremadura no afearon la propuesta, secundada por todos los presidentes
populares. La respuesta del Ejecutivo central: crear una comisión de
expertos que evalúe el impacto económico de la propuesta lanzada por el
presidente valenciano para un posterior estudio de la misma.
   La
intervención del jefe del Ejecutivo valenciano estuvo marcada por las
exigencias del Consell en materia de inmigración y agua. El presidente
aseguró abandonar el Senado sin que nadie le diera una respuesta sensata
ante la negativa al trasvase del Ebro y a la de esa financiación extra
dado el aumento poblacional en la Comunitat desde el año 2000; pues «somos
un millon más de valencianos», dijo.
   Los populares
buscaron arrancar el compromiso de que «el agua, así como la energía y el
resto de recursos naturales, es de todos los españoles». Sin embargo, sus
peticiones cayeron en saco roto; sobre todo cuando advirtieron que en el
documento de propuestas que el Gobierno entregó a las autonomías se había
eliminado la referencia a la «asunción de la solidaridad entre cuencas
como un principio rector de la política hidrológica del Estado». Las
presiones de comunidades como Aragón y Castilla La Mancha podrían haber
sido el motivo de ese cambio, que posibilitaría a las autonomías el
blindaje del agua de los ríos. Según relató el líder del PP valenciano, no
todos los presidentes socialistas mostraron su rechazo a esa
«solidaridad», caso del presidente Ibarra, de Extremadura.
   Además, los populares mostraron su rechazo ante la oferta de creación
de una Conferencia Sectorial del Agua. Camps solicitó, al menos, que éste
nuevo órgano en ningún caso sustituya al Consejo Nacional de Agua, donde
están representados – además de la clase política – los regantes, los
agricultores, usuarios, sindicatos y otras organizaciones sociales.
Asimismo, ante estos resultados poco esperanzadores, los dirigentes
populares solicitaron que se vuelva a hablar de agua en la próxima
Conferencia.
   Respecto a inversión en investigación, desarrollo e
innovación (la ya conocida I+D+i), Camps dijo conformarse con que el
Gobierno sea «ecuánime» y dé a la Comunitat el dinero que ésta merece por
inversión, esfuerzo y red de institutos tecnológicos en marcha.