MADRID – La política de inmigración no es uno de los puntos fuertes del
Gobierno de Zapatero. Más bien, lo contrario.El pasado verano los cayucos
llegaban masivamente a Canarias, una comunidad desbordada donde las
autoridades, ante la pasividad del Ejecutivo central, recordaban a diario
que el arribo continuo de inmigrantes a las islas es «un problema de
Estado». Ante un panorama nada halagüeño, el Gobierno de Zapatero tomó «in
extremis» la decisión de trasladar a miles de subsaharianos llegados a
Canarias al resto de comunidades autónomas. De esta forma, comenzó un
goteo incesante de aviones a Madrid fletados con inmigrantes, que lejos de
entender su traslado, llegaban a la Comunidad con la esperanza de iniciar
una nueva vida en España. De los 31.058 «sin papeles» que pisaron suelo
canario en el pasado año, 21.621 fueron desplazados a la Península entre
los meses de enero y noviembre. De este volumen de inmigrantes, el
Ejecutivo de Zapatero trajo a Madrid a 13.750, lo que representa un 63,7
por ciento de la cifra total. Pero más que una solución la iniciativa del
Gobierno central ha sido un parche. El descontento se ha trasladado de
Canarias al resto de comunidades que desde el primer momento han dado
claras muestras de solidaridad.Y es que, el Ejecutivo socialista no ha
cumplido su parte del acuerdo con las regiones receptoras y ha «colado»
inmigrantes sin el correspondiente aviso de llegada a las administraciones
responsables. Así, la Comunidad de Madrid sólo ha sido informada del
traslado de 5.896 subsaharianos de los 13.750 que en realidad ha acogido.
Es decir, la Delegación del Gobierno ha comunicado menos de la mitad de
los «sin papeles» que han trasladado desde Canarias, lo que supone que el
Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre ha tenido conocimiento de la
presencia en la Comunidad de 7.854 subsaharianos una vez que ya pisaban
suelo madrileño. La Delegación del Gobierno no ha cumplido en casi 8.000
ocasiones con el protocolo establecido por el que debe advertir a la
Consejería de Inmigración de la Comunidad, vía fax, de la llegada de
ilegales procedentes de los centros de acogida de las Islas Canarias. El
departamento que dirige Lucía Figar ya elevó una queja el pasado año ante
las irregularidades en las que incurría la Delegación del Gobierno al
solicitar en reiteradas ocasiones la autorización para la llegada de
subsaharianos una vez que ya habían sido trasladados. Pero desde la
Delegación niegan ambas acusaciones y fuentes del órgano estatal
manifiestan que «siempre se cumple con el protocolo y se informa a la
Comunidad de Madrid del momento en el que van a acoger a ilegales». El
descontento con la forma en la que se han llevado a cabo los traslados de
inmigrantes no es sólo del Ejecutivo madrileño sino que se hace extensible
a la mayoría de las comunidadades y la polémica sube aún más de tono en
aquellas gobernadas por el Partido Popular. La falta de aviso del traslado
y el abandono de inmigrantes a su suerte, con una botella de agua y un
bocadillo, cuando aterrizan en la Península son denuncias generalizadas
por los Ejecutivos autonómicos. Las comunidades populares se quejan
además, con las cifras en la mano, del abuso que ha cometido Zapatero con
ellas al derivarlas más inmigrantes procedentes de Canarias que a las
regiones socialistas. Si sumamos los llegados a Madrid, Valencia y Murcia
nos encontramos con que han recibido un 77,5 por ciento del total de
personas trasladadas, en definitiva, tres de cada cuatro subsaharianos que
han sido traidos a la Península han recalado en comunidades con gobiernos
de signo popular. Pero, sin duda, Madrid se lleva la palma al acoger a
13.750, un 63,7 por ciento del total repartido por toda España. La
Comunidad en función del Convenio del Fondo para la acogida e integración
de inmigrantes firmado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
puesto a disposición del Gobierno central 300 plazas de acogida para los
subsaharianos desembarcados en Canarias. Las nacionalidades principales de
origen de los acogidos el pasado año han sido Senegal, un 58 por ciento,
Gambia (23%), Guinea (5%) y Mali (4%). Todos ellos llegaron con una orden
de expulsión para ser repatriados a sus países de origen pero en la
mayoría de los casos la devolución no se ha podido hacer efectiva y muchos
de los subsaharianos han fijado en la Región su residencia. Aquellos cuya
llegada no es avisada por la Delegación del Gobierno al aterrizar en
Madrid son llevados a centros de internamiento, donde sólo pueden estar
durante 40 días. Si en ese plazo no han sido repatriados a sus lugares
natales, los cuales en muchos de los casos se desconocen, los
subsaharianos continúan con la orden de expulsión, pero en la calle. El
hecho de que sólo 7.900 ilegales, un 25 por ciento de los 31.058 llegados
a las costas canarias, hayan sido expulsados en 2006 evidencia el fracaso
de la política de repatriación.