Israel prepara una ley que retirará la ciudadanía a los hebreos «no patriotas»

Diario Vasco, 12-01-2007

JERUSALÉN. DV. El Parlamento de Israel dio ayer su aprobación preliminar a un proyecto de ley que permitiría retirar la ciudadanía y deportar a cualquier hebreo que sea considerado «no patriótico» con el Estado judío por su incursión en una serie de acusaciones, entre las que se cuentan las de «visitar naciones enemigas», así como fomentar o participar en actividades terroristas. El texto, redactado y defendido por el diputado del Likud Gilad Erdan como una herramienta «necesaria para proteger el Estado de todos los que buscan su destrucción», ha topado no obstante con la indignada oposición de los miembros árabes de la Cámara, que – en palabras del representante del Hadash, Mohamed Barakeh – denuncian «otra intentona racista que avanza en el camino de convertir el libro de las leyes de Israel en una guía para los regímenes más racistas».

Y es que, el temor a que la futura ley sea aplicada con especial dureza para estrechar la vigilancia contra el 18% de la población cuyo origen es palestino, ha terminado de soliviantar los ánimos de representantes como el también diputado Ahmad Tibi, jefe del United Arab List, que, en un virulento mensaje distribuido a través del correo electrónico interno, arremetía contra un Parlamento que – dijo – «aprobaría cualquier proyecto legal antiárabe, aunque afirmara que el sol sale por el oeste».

Tibi se refería de modo particular a otra iniciativa ratificada esta misma semana que impedirá la reunificación familiar de matrimonios palestinos y aprovechaba además para poner en evidencia la «discriminación» que los diputados árabes sufren en esta institución, donde, dijo, cuando alguno de ellos quiere ir «de su despacho al baño, necesita el permiso del portavoz de la Kneset y la consulta con un oficial autorizado».

El proyecto que prevé retirar la ciudadanía a los «no patriotas» contó también con el apoyo del Gobierno Olmert, aunque condicionado en un futuro a que en el redactor Erdan lo reformule en conjunción con el fiscal general, Mazuz, que lo ha tachado como «un movimiento drástico y extremo».

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