Madrid – El Gobierno no consigue resolver el problema de dónde reubicar a
los menores inmigrantes que han llegado a Canarias a lo largo de 2006 y
que mantienen sobreocupados sus centros de acogida. Son casi 900, pero
hasta el cinco de enero sólo ha conseguido recolocar a 242 en otras
comunidades autónomas solidarias. Éstas, a su vez, también están saturadas
por lo que sólo han comprometido 31 plazas más. Así se expone en el
balance de política migratoria del Ejecutivo sobre el año pasado que ha
sido remitido a las administraciones públicas para que sea discutido en la
III Conferencia de Presidentes que se celebra hoy. Es decir, más de 600
menores todavía permanecen en las islas, que sólo están en condiciones de
acoger a un máximo de 300.
   En un intento por buscar una
solución a este problema, sobre el que Canarias está presionando, el
Ejecutivo ha pedido auxilio a la Iglesia. La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aludió ayer en los desayunos
informativos de Europa Press a que se están buscando «líneas de trabajo»
con la institución eclesiástica para la acogida de estos menores. «Estamos
buscando una colaboración en un tema muy sensible que es el de acogimiento
y atención a los menores. Ya hemos acordado algunos elementos y vamos a
continuar una línea de trabajo en esta materia». Aunque las comunidades
autónomas han hecho un esfuerzo de acogida, «no es suficiente», dijo De la
Vega. «Tiene que ser mayor y es por ello por lo que estamos buscando todas
las vías sociales que podamos para abordar este problema tan serio». La
vicepresidenta alabó la «importantísima labor» que en este sentido están
realizando la Iglesia y las ONG que reciben financiación del Estado.
   Sin embargo, fuentes de la Conferencia Episcopal matizaron un poco más
tarde las afirmaciones de De la Vega. Aunque agradecieron el
reconocimiento que la vicepresidenta hizo de la labor de la Iglesia en el
campo de la inmigración, señalaron que de sus afirmaciones en el desayuno
informativo «no se puede deducir que se vaya a firmar un acuerdo marco
sobre este tema». Las mismas fuentes confirmaron que el Ejecutivo «ha
sondeado y ha pedido ayuda» a la Iglesia para la guarda de estos menores
inmigrantes, en especial de los provenientes de Canarias. En este sentido,
la predisposición de la Iglesia «ha sido muy positiva. ¿Cómo vamos a decir
que no acogemos a menores, si siempre lo hemos hecho?» señalaron ayer
desde la Conferencia. De hecho, una buena parte de los centros de acogida
de menores en España están gestionados por las distintas diócesis, Cáritas
y órdenes religiosas.
   Por esta razón, desde la Conferencia
Episcopal se le aclaró al Gobierno que los interlocutores para esta
cuestión debían ser cada una de estas instituciones eclesiales. «Nos
consta que el Ejecutivo ya ha tenido conversaciones con varios obispos
para intentar concretar esta colaboración», señalaron ayer desde la Casa
de la Iglesia, y destacaron que «ni se ha negociado ni se ha firmado nada,
aunque se ha mostrado una total disposición a colaborar en un tema tan
sensible como la inmigración, independientemente del partido que esté en
el Gobierno». También recordaron que aunque las instituciones eclesiales
puedan hacerse cargo de la guarda de estos menores, la tutela siempre le
corresponde al Estado. Ante las posibles reticencias de algunas
comunidades autónomas a aceptar esta tutela, desde la Conferencia
Episcopal recordaron que no le corresponde a la Iglesia la solución de
estos «problemas políticos sobre la inmigración».
   Asunto por resolver
   Mientras, el Gobierno canario
sigue empeñado en recordar al Gobierno de Rodríguez Zapatero que tiene
pendiente ese asunto por resolver. Es más, espera solventarlo en la
Conferencia de Presidentes de hoy. El viceconsejero de la Presidencia del
Gobierno regional, Miguel Becerra, exigió al Estado el pasado martes que
asuma la custodia de los niños internados en los centros isleños si las
autonomías se niegan a asumir su responsabilidad después del hipotético
rechazo de las comunidades gobernadas por el PP.