PAZ GÓMEZ/MURCIA
Ya no tendrán que recurrir sólo a las puertas de Urgencias para poder obtener asistencia sanitaria. Los inmigrantes sin permiso de estancia en el país, sin recursos económicos y que tampoco se han empadronado por miedo a ser expulsados contarán con una tarjeta sanitaria como la del resto de habitantes de la Región. Eso sí, se llamará solidaria y permitirá que accedan al conjunto de prestaciones que ofrece el Servicio Murciano de Salud con normalidad: podrán pedir cita a su médico de familia o someterse a una prueba diagnóstica prescrita por un especialista en la consulta.

Esta tarjeta solidaria es una de las novedades que introduce el Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, que ayer obtuvo el informe favorable del Consejo de Salud y que, probablemente, será aprobado definitivamente a finales de este año, según calcula José Luis Gil, secretario general de la Consejería de Sanidad.

Gil destaca que «Murcia será pionera en el reconocimiento y facilitación de servicios sanitarios a los extranjeros sin documentación ni recursos mediante la tarjeta solidaria; una iniciativa que sólo existe en Extremadura y la Comunidad Valenciana». También será la Región de Murcia una de las únicas tres comunidades, junto a la valenciana y Castilla y León, que han agrupado los derechos y deberes de los pacientes en una ley propia, a la que han incorporado mejoras dentro de los ámbitos de la competencia autonómica.

Así, el anteproyecto recoge otra novedad de peso: «La humanización de la asistencia sanitaria», apunta Gil, quien detalla que se trata de que los colectivos más sensibles, como enfermos mentales, personas mayores, afectados por patologías crónicas, discapacitados, menores, drogodependientes o víctimas de maltrato, reciban una atención especializada.

Se trata, en palabras del secretario general de la Consejería, de proporcionar una red de profesionales especializados en estos colectivos que les faciliten los cuidados que necesitan y los trámites burocráticos, así como el contacto con los servicios sociales y el Instituto de Acción Social.