EP/MADRID
El Gobierno central y las comunidades autónomas acogieron a un total de 20.843 inmigrantes procedentes de Canarias a lo largo del pasado año, según consta en el balance de Política Migratoria remitido por el Ejecutivo a las administraciones autonómicas para su discusión en el marco de la III Conferencia de Presidentes de mañana.

Estos traslados fueron acordados en enero del año pasado para mejorar las condiciones de los extranjeros, a raíz de la presión migratoria que sufrió el Archipiélago Canario procedente del África Subsahariana. Según los últimos datos, a 12 de diciembre de 2006, la inmensa mayoría de los trasladados (17.490) fueron acogidos a través de convenios con ONG, mientras que 3.353 lo fueron a través de entidades y comunidades autónomas.

Por comunidades autónomas, el número de plazas ofertadas fue el siguiente: Andalucía (276), Aragón (295), Asturias (222), Cantabria (30), Castilla – La Mancha (168), Cataluña (48), Comunidad Valenciana (468), Extremadura (263), Galicia (130), Madrid (170), Murcia (243) y Navarra (27. Las comunidades de Baleares, Castilla y León, País Vasco y La Rioja no ofertaron ninguna plaza.

Por otra parte, el total de inmigrantes provenientes de Melilla acogidos por las comunidades autónomas ascendió a 225, mientras que las ONG acogieron a 496. En el caso de Ceuta, el número de acogidos fue de 353 y 183, respectivamente.

El balance del Gobierno también hace referencia al programa de traslados de menores no acompañados procedentes de Canarias. A 14 de diciembre de 2006, las comunidades autónomas tenían 220 plazas ocupadas, 31 comprometidas y 11 pendientes de incorporación para menores.

Por último, el Ejecutivo informa a las comunidades autónomas de que a lo largo del pasado año se expulsó a un total de 97.715 extranjeros sin papeles (5.077 más que en 2005 y más de el doble que los repatriados en 2000).

El documento remitido por el Gobierno a las comunidades autónomas destaca que la situación actual de la inmigración y la política migratoria plantea una serie de retos que deben abordarse por parte de las distintas administraciones desde sus respectivas competencias y en el marco de la vigente Ley de Extranjería.

De este modo, plantea cinco líneas de trabajo: el refuerzo de la construcción de una política europea global en materia de inmigración; el desarrollo de una política de inmigración legal y ordenada; las políticas de integración social de los inmigrantes; los menores no acompañados y el refuerzo de los instrumentos de actuación.

Priorizar las expulsiones

En el marco de la Unión Europea, sugiere estudiar fórmulas que permitan la participación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en los debates y gestión de los acuerdos, en aquellos aspectos que les afecten. Asimismo, se compromete a mejorar los medios de control en fronteras y las políticas de repatriación, priorizando las expulsiones «derivadas de la vulneración del orden público».

Finalmente, el Gobierno central considera que se deben profundizar los instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de inmigración. En concreto, hace referencia en el documento al Consejo Superior de Política de la Inmigración que, a su modo de ver, requiere de un «refuerzo institucional».