Prácticamente cerrada la vía del Régimen General, en estos momentos las posibilidades de regularización pasan por los procedimientos de arraigo a través de sus dos vertientes.

Una de ellas es la que se denomina ‘arraigo laboral’, que ofrece al inmigrante la posibilidad de obtener su regularización si acredita dos años de estancia en España y un año trabajando de forma irregular, sin que el empleador esté dispuesto a legalizar su situación. «En estos casos nosotros estamos instando a los inmigrantes a que denuncien, aunque ellos son muy reticentes», afirma la abogada del MPDL.

Esta asociación ha presentado tan sólo dos expedientes por esta vía, que aún no están resueltos, ya que entraron en Extranjería hace apenas un mes. No obstante, la letrada asegura que los inmigrantes son muy reticentes a formular denuncias contra los empleadores: «Nosotros instamos a que denuncien, sobre todo en aquellos casos en los que hay una explotación clara, pero son reticentes. Sólo lo hacen cuando la situación es muy evidente», indica.

Flexibilidad

La segunda vía es la que se refiere al arraigo social. En este caso, el inmigrante irregular debe demostrar que lleva más de tres años residiendo en el país. Las organizaciones sociales consultadas coinciden en que Extranjería se está mostrando más flexible a la hora de aceptar documentos que acrediten la estancia. No obstante, a juzgar por los datos, no parece que esté siendo un camino demasiado utilizado, ya que en lo que el año pasado sólo se presentaron 717 expedientes, frente a las más de 6.000 nuevas peticiones de regularización que han entrado por Régimen General.