Comprobar que el trabajo que se oferta es real; que la empresa tiene la capacidad de contratación que solicita y que además está al día con la Seguridad Social. Por primera vez, el Servicio de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y la Inspección de Trabajo se han coordinado para desvelar, antes de conceder los permisos, si las peticiones de trabajadores extranjeros por parte de las sociedades responden a una necesidad real o si por el contrario pudieran esconder intereses ilícitos, tales como facilitar estas ofertas a cambio de dinero sin que en realidad existan los puestos de trabajo o la capacidad e infraestructura para mantenerlos.

Así, a lo largo del año Extranjería ha remitido a Trabajo la información referente a empresas que solicitaban inmigrantes y que levantaban algún tipo de sospecha, con la directriz de que fueran investigadas por los subinspectores. El resultado ha sido que en 76 casos, los informes han sido negativos y como consecuencia de ello, cerca de 1.300 solicitudes de trabajo y los consiguientes permisos de residencia basados en las ofertas laborales realizadas por estas empresas han sido denegadas.

Según fuentes de Trabajo este tipo de inspecciones se habrían desarrollado en todos los sectores, siendo el de la Hostelería el que más informes desfavorables habría acumulado.

La coordinación puesta en marcha a lo largo del año por ambos organismo es una más de las medidas tomadas por el Gobierno para frenar la inmigración irregular y también para blindar el Régimen General, que hasta ahora había sido la principal vía utilizada por los inmigrantes irregulares para conseguir los ansiados papeles.

Denegaciones

Así, en el transcurso de 2006 y según la experiencia de diferentes organizaciones no gubernamentales, un altísimo porcentaje de los expedientes presentados en el Régimen General – especialmente los que se refieren a aquellos inmigrantes que solicitan los permisos por primera vez – han sido rechazados.

La causa parece estar en que por primera vez Extranjería ha decidido pedir fotocopias de todas y cada una de las hojas del pasaporte, algo que antes no hacía. Así puede detectar si en el mismo existe el sello de entrada en el país. De ser así, la solicitud es rechazada de inmediato, ya que la estancia irregular es uno de los motivos contemplados en la ley para denegar los permisos.

Hasta ahora, el Régimen General había sido utilizado de forma incorrecta por inmigrantes irregulares que ya estaban en el país y que conseguían una oferta de trabajo ya aquí. No obstante, la documentación se presentaba como si el trabajador estuviera en su país de origen y fuera solicitado por el empleador.

«Lo cierto es que hasta ahora, el 99% de las solicitudes que se presentaban por Régimen General correspondían a inmigrantes que estaban aquí de forma irregular. Era muy difícil que alguna correspondiera a personas que se encontraban en sus países de origen, que era lo correcto, ya que esta vía debía servir para traer a inmigrantes ya documentados. En realidad lo que están haciendo es aplicar la ley de forma estricta», explica Isabel Díaz, abogada del MPDL.

«La aplicación estricta de la ley – afirma – tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que se controla el flujo migratorio, y la desventaja es que los inmigrantes en situación irregular que ya están aquí lo tienen ahora mucho más difícil». La abogada indica además que, a partir de este mes, Extranjería pedirá que el consulado del país de origen del inmigrante que solicita los permisos certifique que efectivamente se encuentra en su país.

Por otro lado y según Francisca Palomo, del servicio jurídico de la Liga Malagueña para la Educación y la Cultura, muchas solicitudes vienen denegadas en base a que el trabajo que se oferta al inmigrante puede ser ocupado por un nacional, ya que hay demanda de ese puesto en el Instituto Nacional de Empleo. «Lo que ocurre es que hay casos como los de hijos y nietos de españoles o los ciudadanos de países con los que hay convenios específicos, en los que no se debe aplicar este supuesto y se está haciendo», afirma.