C. M.

MADRID. El Gobierno se ha visto obligado durante 2006 a aumentar una y otra vez el presupuesto para hacer frente a la inmigración irregular, incluidas las repatriaciones. La cara más dramática la aportaron las oleadas de cayucos que llegaron por decenas en mayo, agosto y septiembre a las costas canarias y forzaron una actividad diplomática sin precedentes con el fin de conseguir que miles de «sin papeles» fueran aceptados por sus países de origen.

Pese a ello, las cifras de repatriaciones se mantienen prácticamente estables. El Gobierno repatrió a un total de 97.715 personas en situación ilegal durante el año pasado, un 5,48 por ciento más que en 2005. De ellas 46.277 correspondieron a readmisiones por parte de sus países de origen, lo que supone un descenso de cerca de 6.000 con respecto al año anterior. Y eso a pesar de la intensa actividad del Ejecutivo y del ingente esfuerzo presupuestario, no sólo para expulsar sino también para prevenir las llegadas a las costas.

El aumento total se debe en buena medida a los retornos – «sin papeles» rechazados en los puestos fronterizos, sobre todo aeropuertos – , que han crecido en más de 3.000 y las devoluciones que suman seis mil inmigrantes más que en 2005 (prácticamente todos los marroquíes que llegan en patera son devueltos).

Las expulsiones, el último concepto de los que engloba la Ley de Extranjería, casi no se han movido, con una diferencia de menos de 400 personas. Sin las comparativas, estos son algunos de los datos aportados por el Gobierno en un amplio documento elaborado como balance de política migratoria con motivo de la celebración, el jueves, de la Conferencia de Presidentes. El texto no incluye ninguna propuesta concreta para el debate y se limita a enunciar algunas de las prioridades del Ejecutivo, señaladas una y otra vez en los últimos meses.

Luchar contra la inmigración ilegal, apoyar las contrataciones en origen, coordinar la cooperación, desarrollar la integración social de los inmigrantes… Lo que más se parece a la concreción, sin serlo, se refiere a los menores no acompañados, otro reto pendiente.