La Brigada contra el Tráfico de Personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desmanteló en 2006 tres bandas dedicadas a preparar la logística de viajes para ciudadanos peruanos, haitianos, ecuatorianos y chinos sin cumplir los trámites de inmigración de Venezuela.

Quienes recurren al uso ilegal de supuestos gestores quedan comprometidos a pagar, durante varios años, sumas que van desde los 5 mil hasta los 40 mil dólares para cancelar el traslado, los documentos de residencia o nacionalización, el hospedaje y la comida diaria.

La Ley de Migración y Extranjería sanciona con cárcel a quienes trafiquen con seres humanos. Los inmigrantes, por su parte, son deportados, pues en la mayoría de los casos son vistos como víctimas.

Durante 2006, ingresaron por el aeropuerto de Maiquetía, no menos de 249 extranjeros: 187 chinos, 35 haitianos y 13 peruanos. Sin embargo, los detectives del Cicpc presumen que otros tantos puedan haber pasado inadvertidos.
Haitianos para su casa
En marzo de 2006, funcionarios de la Brigada contra el Tráfico de Personas deportaron a 35 ciudadanos de nacionalidad haitiana que estaban ilegalmente en el país. Eran cinco mujeres y 30 hombres. Además otras 12 personas, entre ellos venezolanos, fueron investigados por tráfico de personas.

En el allanamiento, efectuado en Carapita, también se incautaron pasaportes y cédulas de identidad de nacionalidades venezolana y haitiana, certificados de regularización y solicitudes de naturalización, chequeras y libretas bancarias y equipos de computación.

El caso lo llevó la fiscal octava nacional, abogada Mery Gómez. Las víctimas estuvieron varios meses en el Fuerte Guaicaipuro pues se les requería como testigo en el juicio. En las investigaciones se determinó que varios de los haitianos ilegales servían a una compañía distribuidora de helados.
Peruanos de servicio doméstico
Durante los meses de junio y julio, los pesquisidores del Cicpc localizaron a 13 peruanos.

Las jóvenes que fueron encontradas en quintas de importantes urbanizaciones capitalinas prestaban servicios de domésticas a tiempo completo a cambio de sueldo, casa y comida. Así conseguían el dinero para pagar a sus “tratantes”.

En un apartamento ubicado en Quinta Crespo, dos antisociales mantenían a las chicas mientras les conseguían empleo a través de una empresa de colocaciones.