MADRID. La aportación de los inmigrantes a la contabilidad de la Seguridad Social y en general a las cuentas públicas es hoy positiva. Situación que cambiará en los próximos años, según la mayoría de los expertos económicos consultados por PriceWaterHouseCoopers en su análisis trimestral de coyuntura, publicado ayer. Estos mismos técnicos abogan por que la Administración cierre cupos de personas con los Gobiernos de los países de origen que mejoren la formación y cualificación de quienes llegan a España en busca de trabajo. En el terreno macroeconómico, el análisis apuesta por un empeoramiento de la situación financiera de las familias y una desaceleración general a partir de 2008.

Entre 1995 y 2006, la población inmigrante en España ha pasado de representar un 1,9% a un 10,6% del total. Los inmigrantes han sido esenciales en el impulso del consumo privado en España (así lo piensa el 61% de los consultados) y en el fortalecimiento de la economía nacional. Sin embargo, lo dice el 51%, también han provocado un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos.

Hasta ahora, añade el informe, cubren con holgura con sus impuestos (IVA, IRPF, etc.) el incremento del gasto público que generan. Pero eso no será así en el futuro. El 52% de los expertos cree que a medio y largo plazo, una vez hayan cubierto su ciclo vital, los inmigrantes consumirán más recursos de los que aportan.

Ya en términos macroeconómicos, el 60% de los consultados cree que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá entre este un 3,1% y un 3,5%. El futuro se presenta sin embargo más negro, pues siete de cada ocho expertos esperan una desaceleración en los siguientes ejercicios cuya intensidad «dependerá de la coyuntura internacional y, sobre todo, de la europea».

El pesimismo se centra en las familias, para las que el 52% de las respuestas auguran un empeoramiento en su ahorro, riqueza y rentas salariales. El 74% cree que la demanda de viviendas caerá en los próximos seis meses. COLPISA