Odalys Troya Flores (Periodista de la Redacción de América Latina y el Caribe de Prensa Latina)

Redacción Central (PL).- Al finales de 2006, más de mil centroamericanos habían regresado a sus países de origen tras ser deportados por las autoridades de Migración de Estados Unidos.

Aunque muchos eran indocumentados y otros tenían antecedentes penales, buena parte de ellos vivían legalmente en esa nación, y como delito en su contra sólo tenían alguna infracción de tránsito.

Estas personas, también en su mayoría, podrían contar las más dramáticas historias sobre el camino emprendido para llegar a la norteña nación.

Precios entre dos mil 500 y tres mil dólares, ajustados con los coyotes que muchas veces estafan y dejan abandonados a sus “clientes” en medio de la selva; violaciones o accidentes, son algunos de los pasajes de las historias de los más de 400 mil centroamericanos que cada año salen a buscar otras alternativas de vida.

Lo cierto es que, aunque muchos logran llegar, y felizmente encuentran algunas ventajas económicas en relación con las dejadas atrás, son muy pocos los que en EE.UU. salen de la condición de pobreza.

A ello se suma que nunca dejan de ser “latinos”, término bien vinculado a la segregación, y al que se le añade otra acepción (delincuentes), motivo suficiente para no ser bien vistos en esa confederación de estados.

Una reforma migratoria propuesta por el presidente norteamericano George W. Bush y que no encontró total apoyo en el Congreso, sólo la construcción de un muro en la frontera con México, fue una de las más connotadas medidas para contrarrestar la avalancha de pobres que llega cada día a ese país.

Pero, mientras el proyecto del muro continúa, las redadas o cacerías que culminan en las deportaciones fueron uno de los métodos más empleados en el 2006 para salir de tanta gente.

A finales de diciembre ya se contaban más de 17 mil guatemaltecos, cerca de 14 mil salvadoreños, alrededor de 94 mil hondureños, y unos mil 605 nicaragüenses, expulsados de EE.UU. Estas cifras fueron superiores a las de otros años.

Pero, ¿a quién le importa la vida de estas personas?

Es conocida la capacidad selectiva de las distintas administraciones estadounidenses en materia humana. En este juego de ven y vete, naufragan con éxito los mejores calificados desde el punto de vista instructivo, y los más jóvenes.

Para los respectivos gobiernos locales, no importa quién se va ni quién regresa. De hecho son las endebles políticas económicas y sociales, diseñadas y mantenidas por cada administración, las que sostienen la pobreza y empujan a la emigración.

El estudio Crecimiento con equidad, la lucha contra la pobreza en Centroamérica, de la Organización de Naciones Unidas, reveló en mayo último que al menos 19 de los 35 millones de centroamericanos son pobres y 7,9 millones de ellos viven en la pobreza extrema.

Pese al desinterés de los presidentes de la subregión por los compatriotas con menor solvencia, han sido fuertes sus planteamientos contra las deportaciones y el controvertido muro fronterizo.

Irrisoria solidaridad con los emigrados. Sobre sus espaldas descansa una significativa entrada de divisas a la mayoría de las naciones de la llamada cintura de América.

Las propias autoridades locales afirman que el crecimiento de las remesas es importante para la estabilidad económica y, sobre todo, para el sostenimiento de la política monetaria y cambiaria.

Sólo por concepto de remesas, en el 2006 ingresaron a El Salvador, más de tres mil millones de dólares, que representan el 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el 655 por ciento de la inversión extranjera, 140 por ciento de la carga tributaria, 91 por ciento del presupuesto general de la nación y 202 por ciento del gasto social.

En tanto, a Honduras entraron dos mil 400 millones de dólares; los guatemaltecos que viven en el exterior enviaron a su país 407 millones de dólares, una cifra récord.

Los envíos hacia Nicaragua se han multiplicado por 100 desde 1990 hasta la actualidad y se considera el elemento más dinámico de la economía del país.

La pobreza en estos territorios parece un pretexto para la entrada “fácil” de dinero. Se diría vitalicia.

Es por eso que cuando los deportados llegan a sus tierras siguen siendo tan pobres o más que cuando se fueron. No encuentran ningún apoyo estatal para reinsertarse a la sociedad. Ni siquiera los que regresan enfermos cuentan con una seguridad médica.

Los fondos destinados para brindar alguna ayuda a los que retornan al país son insuficientes, situación que perpetua el ciclo interminable de pobreza-emigración.