El gobierno español prefirió dejar a los “pasajeros en los aeropuertos a exponerlos al riesgo de sufrir un accidente”. Con estas palabras la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, justificó días atrás en el Congreso español de los Diputados la decisión de suspender la licencia de vuelo de Air Madrid.

La resolución se adoptó cuando se demostró el deterioro en el mantenimiento del sistema de aeronavegabilidad que pudo poner en peligro la seguridad de las operaciones de las aeronaves en vuelo. Grupos parlamentarios creen que se actuó tarde porque existían indicios de las dificultades de la compañía.

Inspectores que vigilaban la flota integrada por nueve aeronaves con 27 vuelos diarios se encargaban de que estos subsanaran sus deficiencias “antes de despegar”. Entre el 22 de septiembre y el 6 de diciembre pasados, los técnicos impidieron el despegue de siete aviones, por deficiencias.

El crecimiento de los reclamos de los pasajeros contra la compañía evidencia los problemas que acumulaba: en el 2005 se tramitaron 130 y en el 2006 aumentaron a 1.634.

Tres días antes de que Air Madrid resolviera cesar sus operaciones, Fomento le instó a que, en 48 horas, presentara a Aviación Civil un plan para cumplir con sus pasajeros si se suspendiera su licencia.

El dispositivo prestaría atención al traslado de pasajeros entre España y países latinoamericanos que ya habían salido. Como medida cautelar se la exhortó a informar sobre la posibilidad de que el 16 de diciembre se cancelen sus vuelos. Finalmente, el gobierno le exigió que dé a las autoridades aeronáuticas datos para localizar a pasajeros que pudieran verse afectados por la eventual suspensión, principalmente de los vuelos entre el 16 y el 22 de diciembre.

Air Madrid recurrió a esta petición e hizo caso omiso al resto de medidas.

El presidente de la aerolínea, José Luis Carrillo, desoyó las recomendaciones de sus técnicos para reconducir la situación de la compañía y solventar las deficiencias detectadas. El régimen español asumió la responsabilidad de organizar el operativo que trasladó a 5.772 personas en 19 vuelos y en plazas vacantes de compañías; 22.103 reclamos se interpusieron contra Air Madrid.

Según el Reglamento de la Unión Europea, Air Madrid está obligada a asistir a los pasajeros, a llevarlos a su destino final, a reembolsar el boleto, ofrecer gratis alimento y alojamiento, traslado entre el hotel y el aeropuerto, y dos llamadas de teléfono, y a indemnizarlos con 250 a 600 euros (de $ 312 a $ 900), según la distancia.

El Ministerio de Fomento español interpondrá una denuncia penal contra los administradores de la empresa. La Audiencia Nacional de España se declaró competente para investigarla por presuntos delitos de estafa y fraude al vender boletos.

CRONOLOGÍA

7 de enero del 2004.
Air Madrid solicita licencia como compañía aérea y en mayo de ese año se le concede su pedido. Al año siguiente se le renueva este requerimiento.

Mayo del 2006.
Se da la segunda renovación, pero se detectan deficiencias en el mantenimiento del sistema de seguridad y se conceden dos meses para que enmiende.

Julio del 2006.
Vence el plazo pero Air Madrid no remite información sobre alguna medida adoptada y Aviación Civil española ordena otra inspección y halla 17 deficiencias.

Septiembre del 2006.
De esas fallas, tres se subsanaron, dos parcialmente y doce seguían. Se hallan nueve deficiencias más y se trata el retiro de la operación aérea.

Noviembre del 2006.
Técnicos aún detectan fallas y ven si hay opciones reales de que solucione sus problemas, si presenta un plan de actuaciones correctivas.

16 de noviembre.
La Aviación Civil española condiciona la suspensión de la licencia a esta aerolínea al estricto cumplimiento del plan.

11 de diciembre del 2006.
Técnicos tras una inspección concluyen que Air Madrid no cumplió con lo planteado. La aerolínea presenta alegaciones que no resultan suficientes.

15 de diciembre.
La compañía aérea decide unilateralmente dejar de operar. El Ministerio de Fomento le retira la licencia en la madrugada del 16.