CARLOS HIDALGO

MADRID. Más de 15.000 subsaharianos en situación irregular en España fueron derivados a la capital desde otros puntos del país y no pudieron ser repatriados. Es decir, que fueron enviados a la calle, para que las asociaciones humanitarias con las que tiene convenios el Gobierno se hicieran cargo de ellos. Se trata de personas, mayores de edad, que no han podido ser identificadas o que, si lo han sido, proceden de países con los que España no tiene firmados convenios de repatriación.

Ante tal situación, estos hombres y mujeres no pueden permanecer más tiempo en dependencias policiales – pues no han cometido ningún delito – , pero tampoco puede la Administración española hacerse cargo de ellos. En estas cifras, facilitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), no están incluidos los menores de edad, puestos que de éstos sí que se hace cargo el Estado, a través de los centros de acogida gestionados por la Comunidad de Madrid.

Pruebas identificativas

Cuando un inmigrante llega al CIE de Madrid, se le intenta identificar mediante la toma de huellas y, entre otras, las técnicas antropométricas, con el fin de establecer si son o no mayores de edad. Ése es el proceso que se ha seguido con los 15.000 subsaharianos que entraron ilegalmente – la inmensa mayoría, derivados desde Canarias – , y que sumaron menos de la mitad, 7.000, en 2005.

Otras cifras son las que hacen referencia a los extranjeros internados en el CIE. A lo largo de los doce meses sumaron 2.323, con una media de 15 días de permanencia en el centro por interno. Durante 2005, la cifra global fue de 1.246 personas, es decir, prácticamente la mitad. La capacidad del CIE de Madrid es de 240 plazas, y la media de ocupación del centro fue de 125 internos diarios.