México, DF./LA JORNADA.- Estados Unidos avanza de manera decidida hacia la “completa militarización” de su frontera con México.

Arizona se ha convertido en su “laboratorio” donde se instrumentan todas las medidas antiinmigrantes.

La “criminalización” de la migración avanza paulatinamente; ahora, en un plan piloto, desde su primera detención los migrantes enfrentan penas de hasta 180 días de prisión y toma de huellas digitales, acciones de las que no se escapan ni siquiera los bebés de padres indocumentados.

En amplia entrevista con La Jornada, Isabel G. García, líder comunitaria de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, recientemente ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en México –entregado por al CNDH-, señala que aunque este plan piloto ya se aplica en la región de Río Texas, en otras zonas como Tucson y Douglas aún no se da debido a que no se tienen todavía las prisiones suficientes.

Sin embargo, varias empresas que han hecho negocios con la guerra de Irak ya recibieron las concesiones para construir unos 300 centros de detención de migrantes en toda la frontera.

Convertido por las autoridades estadounidenses en un embudo de paso obligado, por el desierto de Arizona no sólo se realiza el 52 por ciento de todos los cruces de indocumentados, sino que también se registran ahí, en esa región inhóspita y con temperaturas extremas todo el año, las dos terceras partes de las casi 500 muertes de migrantes que se registran anualmente a lo largo de toda la frontera.

Además, un tercio de estos decesos quedan como muertes de desconocidos. “Arizona vive una profunda y seria crisis de derechos humanos en materia migratoria”.

Con una larga trayectoria de más de 30 años de lucha y copresidenta de una organización que abiertamente lucha por un cambio político, social y económico, la abogada Isabel García no duda en identificar a las política económicas de su país, en especial el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), como el “principal responsable” de la migración de millones de mexicanos, y de la muerte de miles de ellos.

Pero en todo esto –dice-, el gobierno mexicano también tiene una enorme responsabilidad.

No basta con el envío de cartas diplomáticas cada vez que los “minuteman” o grupos antiinmigrantes toman la escena pública y amenazan con acciones duras.

“¿Por qué (México) no tiene ese tipo de reacción con las muertes de migrantes que ocurren diariamente? O ¿por qué no tiene esa misma reacción en los foros internacionales para condenar las políticas estadounidenses?” Nacida en EU, pero de origen mexicano, Isabel García declara públicamente el impacto negativo que tienen las políticas económicas de su país en la migración.

“Y es que aunque no se encuentra alguien jalando directamente el gatillo para matar a los migrantes, bien que le jalamos el gatillo a toda esta gente que con nuestras políticas y con la aprobación de México”.